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Para regularizar a 12 millones de ilegales, la mayoría “hispanosâ€

Reforma de la ley de inmigración en EEUU

La propuesta de ley aun tiene un largo trecho por recorrer antes de ser aprobada

Viernes 18 de mayo de 2007, por ER. Washington

Una comisión bipartidista (compuesta de Republicanos y Demócratas) del senado de los EEUU presentó el jueves 17 de Mayo una propuesta de reforma de la ley de inmigración. De ser aprobada, se convertiría en el paso más importante respecto a la relación con los inmigrantes provenientes de la América Hispana desde el año 1986

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Un gobernador austriaco, hijo de nazi, manda en California
A los hispanos nos resulta aberrante, bárbaro e impronunciable tanta consonante junta

Tras un segundo año en el que el Primero de Mayo se convierte en los EEUU en un punto de reunión y reivindicación de grupos de inmigrantes hispanos en EEUU, y unos días después de que se decidiera el sellado con hormigón de un túnel ilegal bajo la frontera con México que mostraba una elaboración ingenieril sorprendente, las presiones de unos y otros grupos han acelerado una reforma hace tiempo prometida.

Un grupo de senadores Republicanos y Demócratas ha elaborado una propuesta de ley de unas 60 páginas que cuenta con el apoyo del presidente Jorge Bush, quien sin duda ve en la reforma una de las últimas oportunidades de ofrecer un resultado positivo en su segunda legislatura, marcada por la guerra en Iraq y, últimamente, por la obsesión mediática con las elecciones generales de 2008.

La propuesta sería la más ambiciosa de los últimos 20 años, pero aun tiene que recibir aprobación del Senado, y después de la Cámara de Representantes, por lo que se esperan enmiendas a partes o a la totalidad. De hecho, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes ha anunciado que si un 60% de los Republicanos no se compromete a votar a favor, ni siquiera tramitará la propuesta. Se contempla la legalización de los aproximadamente 12 millones de inmigrantes ilegales que actualmente residen y trabajan en EEUU, la puesta en marcha de sistemas de estancias temporales según demanda de empleo y el refuerzo de la frontera sur para imponer el “imperio de la ley”.

Respecto al primer punto, la legalización de los indocumentados, en su mayoría hispanos, supondría la mayor absorción desde el año 1986, en que un decreto estableció una suerte de “amnistía” para un número similar de ilegales. Para salvar la propuesta de la acusación de estar reproduciendo una ley que no fue capaz de cortar el flujo de indocumentados, los autores insisten en que no se trata de una “amnistía” sino que se contempla un castigo proporcional a la pena, así como la posibilidad de negar la regularización. Efectivamente, cada aspirante habrá de pagar unos 3.000 euros de multa, pasar un examen de inglés y no será legalizado si tiene antecedentes penales. Sin embargo, no está clara la supuesta “proporción” de estas medidas con el delito cometido, lo que, junto con su heterogeneidad, demuestran su carácter político más que jurídico en muy diversos frentes. Es de destacar entre ellos el de la “asimilación” mediante el examen de inglés, que es un tema que preocupa a muchos ciudadanos americanos, y más ahora que se publican nuevos datos que sitúan a la población hispana en el 14’8% de la total y creciendo. Como El Revolucionario ha indicado en otras ocasiones, la “minoría” hispana no es políticamente equivalente a la afroamericana, sino que tiene un contenido absolutamente vinculado a la dialéctica entre plataformas imperiales o continentales.

Además, la regularización ya no dependerá, como hasta ahora lo ha hecho la dispensación de visas, de vínculos familiares, sino de un escalafón que integre datos de cualificación profesional, educativa, etc. La institución familiar es en gran parte núcleo de la vida de las poblaciones hispanas, al contrario de las estadounidenses, de modo que se estaría previniendo la formación de comunidades hispanas fuertes desde su raíz. Esto ha provocado numerosas protestas por parte de grupos de inmigrantes.

Respecto a los contratos temporales es algo que se viene barajando desde hace algunos años. Se otorgarían unos 400.000 permisos al año, según demanda de mano de obra, que será mayoritariamente no cualificada. Los trabajadores tendrían que volver a sus países de orígenes al fin de los contratos. Así como la medida anterior, ésta muestra a las claras la necesidad económica del Imperio del Norte respecto a la inmigración de la América Hispana, una contradicción que, a medio plazo, cambiará el mapa demográfico y político del país.

Uno de los grupos que ve con más recelo las anteriores propuestas es el de los inmigrantes ya legalizados, los que entraron legalmente en el país, o aquellos que están en lista de espera para entrar con visa regular. No sólo perciben que otros están siendo admitidos por "atajo", sino que ven peligrar la posibilidad de recibir a sus familias o de saltar al norte por medios legales. Desde El Revolucionario esperamos que la regularización elimine estos enfrentamientos, aunque éstos quedaran reproducidos en la relación de los regularizados con sus países de origen, especialmente Mexico. Sin embargo, conforme al número y situación de los hispanos en EEUU vaya en aumento, la solidaridad con el país de orígen, a menudo frente al Imperio yanqui, podrá ir tomando forma y quien sabe si contenido político capaz de revolucionar la nación política norteamericana.


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