El PP apoya a IU en sus críticas al gobierno por el asunto del Sáhara

Aliados caiga quien caiga

El teócrata alauita y el aliciano presidente español unidos en la cuestión saharaui. Iu protesta.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso y que se debatirá y votará en el Pleno del próximo martes, IU-ICV reclama al Gobierno que «se abstenga de promover o apoyar toda medida que debilite sus posibilidades de desempeñar un papel equitativo en la búsqueda de una solución justa al conflicto» del pueblo saharaui.

Llamazares considera que la cuestión «se ha utilizado como moneda de cambio» con el gobierno de Rabat; un hecho muy grave –dice- por cuanto el Ejecutivo español ha decidido a expensas del Parlamento ponerse «en la estela del Gobierno marroquí».

El texto ha sido calificado de «impecable» por fuentes del Grupo Parlamentario Popular, muy crítico también por la posición adoptada por el Gobierno. Los populares creen que la "cesión" de Zapatero a Marruecos es la «gran traición al pueblo saharaui»; el diputado popular Jorge Moragas en declaraciones a el semanaldigital, habló de «rendición preventiva» y afirmó que «es la primera vez que el jefe del Ejecutivo español rompe el principio de neutralidad activa» y apoya la propuesta de una de las partes, en este caso, Marruecos.

Se da además la circunstancia de que la causa pro saharaui ha sido siempre defendida por la izquierda; desde IU no dudan de que su iniciativa contará con el apoyo del otro socio del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya, así como del BNG y del Grupo Mixto. Llamazares cree que el Gobierno «debe volver a poner en valor la posición tradicional de España, comprometida con el derecho de autodeterminación y el referéndum del pueblo saharaui» a los que, en su opinión, «ahora ha renunciado en aras de sus intereses con Marruecos».

El coordinador general de Izquierda Unida parece dispuesto a todo para frenar los pies al Gobierno en determinados asuntos: «No tenemos ningún problema en aliarnos con cualesquiera grupos para poner en su sitio al Gobierno y pedir una rectificación inmediata por parte del Ministerio de Exteriores», ha dicho.

En la proposición no de ley, IU pide al Ejecutivo del PSOE que «defienda la necesidad de una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sáhara Occidental, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo a la legalidad internacional, que permita resolver el drama humanitario que vive el pueblo saharaui desde hace más de treinta años». Reconoce asimismo «el legítimo derecho de este pueblo a la libre determinación de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad».

Palabras muy gruesas contra la posición del Gobierno salían por boca del eurodiputado de IU Willy Meyer, que acusó a Zapatero de «traicionar la causa saharaui, incumpliendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que fija la celebración de un referéndum de autodeterminación», por lo que advierte de que podría llevar a la ruptura del alto el fuego por parte del Frente Polisario: «En ese caso, el señor Zapatero asumirá una gravísima responsabilidad ante la historia», advirtió, para añadir a renglón seguido que «la Alianza de Civilizaciones no se puede basar en el rearme a gobiernos que incumplen resoluciones de la ONU y que ejercen la represión y tortura».

Zapatero no pronunció en Rabat la palabra autodeterminación. En el Pleno en el Congreso se le instará a que la reconozca en el marco del Plan Baker, y que mantenga la exigencia a Marruecos para el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.

Según el diputado de PP Guillermo Mariscal (que participó a finales de febrero en la ceremonia del XXXI Aniversario de la República Árabe Saharahui Democrática, como miembro de una delegación en la que asistieron representantes de distintas Comunidades Autónomas), el Ejecutivo español debe además exigir al reino alauita que se comprometa a no utilizar contra el pueblo saharaui el armamento comprado a España por un valor de 200 millones de euros, así como a instar a Marruecos a ratificar la Convención de Ottawa por la que se prohíbe el uso de minas antipersonas, compromiso adquirido por el Sáhara Occidental en el Llamamiento de Ginebra.

Parece que el gobierno de Zapatero, empeñado en sus políticas de apaciguamiento (con la ETA, con Marruecos) no ha calculado el precio que debe pagar por ellas ante sus socios de gobierno.

También resulta obvio que todas las zarandajas humanistas y retóricas pasan a segundo plano cuando hay que tomar decisiones que obligan a marcar distancias con unos o con otros. Espinoso asunto éste que, además, rompe con la presunta soledad del PP en la oposición y que abre nuevos e inquietantes interrogantes ¿qué le debe ZP al teócrata marroquí? ¿Qué tipos de negocios se traen entre manos?

Recordamos a los lectores que ZP osó posar, en anterior visita a Rabat, delante de un mapa de Marruecos en el que habían sido incorporadas las provincias españolas de Ceuta y Melilla. Algo inaudito. Tanto como este apoyo al plan de Marruecos para el Sahara, en lugar de exigir a nuestros insidiosos vecinos que cumplan con las resoluciones de la ONU que sistemáticamente incumplen.