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Rusia frente a su pasado

El Supremo ruso rehabilita al último zar

Según el Alto Tribunal su ejecución fue ilegal

Jueves 2 de octubre de 2008, por ER. San Petersburgo

En una decisión, calificada de histórica por los descendientes de los Romanov, la Corte Suprema alega que el zar y su familia fueron represaliados injustificadamente. El veredicto enmienda un dictamen de otro tribunal, que en 2007, había declarado improcedente la rehabilitación del zar

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La familia imperial rusa.

Para la Iglesia Ortodoxa Rusa el reconocimiento tiene un especial valor, pues han convertido la «dignificación» de tan nefasto personaje en uno de sus grandes caballos de batalla. Nicolás, elevado a los altares en el año 2000, ya tiene su hueco entre los respetables gobernantes masacrados por las pérfidas hordas bolcheviques. El portavoz del Patriarcado de Moscú arguye que la ejecución del último zar fue «absolutamente contraria a las leyes de aquel momento». Con suma incredulidad, nos preguntamos ante las disquisiciones metafísicas de este leguleyo: ¿a qué ordenamiento jurídico se refiere? ¿no será al terror que Rojos y Blancos usaban con profusión en la guerra civil? Pues sí, el terror era la única legalidad realmente existente en la Rusia de aquellos días.

Un criminal es aquel que viola la ley. No obstante, el derecho no puede tomarse como un corpus de dogmas, a imagen y semejanza de las Tablas entregadas por Yahvé a Moisés. Un ordenamiento jurídico no es ni más ni menos que la racionalización del monopolio de la violencia legitima otorgado al Estado. Por ello, cualquier grupo o persona que atente contra su eutaxia se convertirá en un criminal. En cambio, si esos mismos malhechores tienen éxito en su tentativa, pasarán de villanos a héroes, de terroristas a revolucionarios. Pertrechados con un ortograma distinto al del Estado conquistado, no tendrán más remedio que legitimar su dominio con la creación y aplicación de nuevas leyes. Hay que dotar de sustantividad al nuevo orden de cosas, objetivarlo. Y eso incluye el terror contra los vestigios del Antiguo Régimen, la aniquilación física de los símbolos del pasado. De este modo, la ejecución de Carlos I de Inglaterra (30 de enero de 1.649), la de Luis XVI de Francia (21 de enero de 1793) y la de Nicolás II (17 de julio de 1918) no son actos de naturaleza criminal, sino pura represión política. Para que tuvieran la consideración de regicidio, los tres monarcas tendrían que haber muerto en el ejercicio efectivo de su mandato, y continuar incólume el poder real tras el asesinato. Pero ni el decapitado Carlos, ni el guillotinado Luis, ni el fusilado Nicolás murieron siendo reyes, sino por haber sido reyes y representantes de ortogramas políticos incompatibles con la legalidad en ciernes.


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