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Ante la reciente crisis político-militar entre Colombia, Ecuador, Venezuela y ..... Estados Unidos

¿Pax colombiana, Pax americana o Pax venezolana?

Si Colombia pudo entrar en Ecuador, y además sin consecuencias que puedan ser tenidas en consideración, hay que decir que tenía el derecho de hacerlo.

Jueves 13 de marzo de 2008, por ER. Maracaibo

De lo que no quiere (o no puede) darse cuenta el gobierno venezolano es de que el gobierno colombiano no es un “cachorro” del imperio: es el imperio mismo.

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El gobierno de Colombia se ha convertido en una unidad político-militar que ha incorporado paulatinamente en una estricta continuidad el Plan Colombia, el plan de Seguridad Democrática del ejército regular y la estrategia paramilitar. La política en el Estado colombiano yace literalmente en un espacio de guerra (civil), en el cual todos los grupos armados implicados actúan (como no podría ser de otra manera) al margen de la ley y las instituciones. Al margen de la ley y las instituciones, pero no, por supuesto, al margen de toda norma o regulación, en la medida en que reconocen como normas aquellas que rigen el ejercicio de la violencia para obtener objetivos político-militares.

Parece evidente que dicha violencia político-militar tiene que ser colocada, y de un modo más acusado en los últimos años, no tanto en las normas del derecho internacional (que, si bien no pueden impedirlas, pretenden imponer ciertas regulaciones al ejercicio de las acciones militares) sino en la estrategia de la llamada “lucha contra el terrorismo” propiciada por los Estados Unidos. En la guerra civil colombiana, de un modo si cabe más preciso que en otras zonas de conflicto, la paz no puede ser otra cosa que la victoria; para todos los grupos implicados en la guerra (sean regulares, insurgentes o contrainsurgentes) el proyecto de paz sólo puede ser la victoria en el campo de batalla.

En este sentido, conviene percatarse del hecho de que en verdad no existe una tercera escena, considerada como independiente y alternativa, o lo que, en el contexto más inmediato, se ha llamado el respeto a los “acuerdos humanitarios” (en el cual algunos bienintencionados pretenden incluso, sin rubor alguno, identificar la voluntad conciliadora de los grupos insurgentes).

La presunta buena voluntad de la guerrilla, expresada en los “acuerdos humanitarios”, que han sido ciertamente rechazados por el gobierno, como cualquier otra voluntad de mediación que provenga de alguno de los grupos enfrentados, tiene que ser necesariamente inscrita en la dinámica político-militar existente. De hecho, la voluntad de la guerrilla de alcanzar los acuerdos para el intercambio de cautivos depende directamente del estado de sus fuerzas político-militares. Es decir, no cabe duda de que la apuesta de la guerrilla por los “acuerdos humanitarios” es una manifestación palmaria de su propia debilidad militar. Si la guerrilla no estuviera sometida, como ha ocurrido en otras circunstancias, por los avances de las fuerzas militares y paramilitares del gobierno, a un proceso paulatino pero continuo de desarticulación, no hubiera manifestado jamás la voluntad de llegar a estos acuerdos.

Toda aquella “sociedad civil” que, en el contexto actual (por ejemplo mediante las manifestaciones pacíficas de los días posteriores a la incursión colombiana en Ecuador), quiso defender los “acuerdos humanitarios”, manteniéndose sin embargo al margen de los objetivos político-militares de la guerrilla, presta inevitablemente un apoyo poderoso (de forma consciente o inconsciente, que para los efectos reales es exactamente lo mismo) a estos objetivos, porque el pacifismo cívico, como cualquier otra posición política que pueda emerger en este contexto beligerante, es inevitablemente subsumido en esta lógica de la guerra.

La posición del gobierno de Venezuela, aunque sólo sea por el intercambio (ideológico, económico y militar) permanente que mantiene con la guerrilla, está sin embargo más cerca de esta lógica de guerra y es más consecuente con ella. El gobierno venezolano sabe que la guerrilla está militarmente cercada y políticamente destruida, por lo que ha intentado fungir apresuradamente como instancia mediadora en el conflicto. El objetivo de Venezuela no es otro que hacer una contribución a la política guerrillera de las FARC mediante el intento de poner de manifiesto ante la opinión pública de la región una presunta voluntad humanitaria del grupo armado. Desde hace mucho tiempo, Hugo Chávez ha llamado públicamente a las FARC a deponer las armas e incorporarse a la vida civil, no tanto por el costo “humanitario” de la guerra, sino por el desatino político que tal estrategia ha llegado a suponer dentro de Colombia. Para Venezuela, el despliegue de unos “acuerdos humanitarios” en los que participaría voluntariamente la guerrilla, haciendo pública de esta manera la voluntad negociadora de las FARC, sería el primer paso hacia una fragmentación (fragmentación, por cierto, que nunca ha estado tan lejana) del bloque político de Uribe.

Nadie mejor que el ejército colombiano, que está enfrentado con la guerrilla en el propio campo de batalla, conoce el estado actual de la relación de las fuerzas militares de los grupos enfrentados y el debilitamiento paulatino de la guerrilla. En este sentido, actúa como actuaría la propia guerrilla en una situación semejante: aprovecha la debilidad del enemigo para incrementar posiciones o consolidar las que ya ocupa. La estrategia del gobierno colombiano no es otra que avanzar, en un momento en el que el “equilibrio catastrófico” ha entrado en una fase regresiva y propicia para las fuerzas regulares, hacia la derrota militar de los adversarios. Lo mismo que, por supuesto, haría (y ha hecho) la guerrilla en una situación semejante. La unidad político-militar del Estado colombiano (que actúa, recuérdese, tanto dentro como fuera de los marcos legales) pretende un rendimiento incondicional de la guerrilla, no una mediación dialogada que atentaría directamente contra sus intereses primarios y que, en último término, sería francamente absurda dada la relación actual de las fuerzas militares.

En otras fases de la guerra, en las que las fuerzas regulares no podían militarmente, no ya vencer en la guerra, sino siquiera hacer retroceder o impedir el avance de las fuerzas insurgentes, el gobierno colombiano ha hecho concesiones a la estrategia del diálogo y la mediación. ¿Por qué habría de hacerlo en un momento en el que la balanza político-militar se inclina inequívocamente a su favor? El Estado colombiano (o su gobierno en funciones) cuenta con el consentimiento abrumador de las masas a su política de seguridad, tanto como con el apoyo económico, técnico y militar del ejército más poderoso del planeta. ¿Alguien que no sea un necio incurable podría exigirle al Estado colombiano que actúe de otra manera?

Es claro, en la medida en que la fuente es el propio gobierno colombiano, que la operación militar no fue una operación de combate sino un ataque por la “espalda”. Pero nadie ha dicho (los hechos indican, en efecto, todo lo contrario) que la “lucha contra el terrorismo” tenga alguna relación efectiva con el honor en la guerra o con la costumbre internacional.

Por otra parte, si todavía alguien duda del “derecho” del Estado colombiano a penetrar en territorio ecuatoriano, que considere el circo de la Cumbre del Grupo de Río, la bufonesca respuesta del gobierno de Correa y las risibles consecuencias que esta “violación” a la soberanía de otro Estado ha tenido para Colombia. El Estado ecuatoriano será o no soberano, no porque esté escrito en un papel o identificado como “derecho de todo Estado” en las normas internacionales, sino en la media en que tenga el poder de ejercer de hecho la soberanía sobre el territorio que reivindica como propio y por supuesto también frente a los otros Estados. Si Colombia pudo entrar en Ecuador, y además sin consecuencias que puedan ser tenidas en consideración, hay que decir que tenía el derecho de hacerlo.

El conflicto en la región andina no es un conflicto principalmente jurídico sino inmediatamente político; para los Estados de la región, actuar o no actuar, y de qué modo hacerlo en caso de que así se decida, no está sometido a ninguna restricción de índole exclusivamente jurídica, sino a la relación efectiva de las fuerzas existentes entre los Estados, y sólo puede ser juzgado en términos de prudencia (o imprudencia) política. El gobierno colombiano ha dado un golpe de fuerza a los grupos guerrilleros penetrando en territorio ecuatoriano; si se tienen en cuenta tanto los resultados de la operación militar como las vacuas consecuencias internacionales que la incursión en Ecuador ha tenido para Colombia, no puede afirmarse en modo alguno que se haya violentado ningún principio de prudencia.

Durante los días de la tensión, algunos analistas, siguiendo la posición oficial de los gobiernos latinoamericanos, han considerado que el marco de la Cumbre del Grupo de Río, en la medida en que en él los Estados Unidos no están presentes (y aquí, desde luego, deberían explicar qué entienden por ese misterioso “no estar presentes”), sería el más propicio para la resolución de la disputa andina. Lo cierto es que, en la Cumbre de Río, los Estados latinoamericanos han reconocido, implícita o explícitamente, el predominio en la zona andina de la unidad político-militar colombiana. Es decir, el predominio político-militar de los Estados Unidos. De lo que no quiere (o no puede) darse cuenta el gobierno venezolano es de que el gobierno colombiano no es un “cachorro” del imperio: es el imperio mismo. Y de que los verdaderos “cachorros” fueron aquellos que celebraron como final de la tensión lo que no era más que un acto de subordinación a los poderes fácticos en la región.


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