El Revolucionario

Portada > América > Uruguay > Las pruebas clave que presentaron ante el Tribunal Internacional de La Haya (...)

El Revolucionario ofrece esta información exclusivo

Las pruebas clave que presentaron ante el Tribunal Internacional de La Haya Argentina y Uruguay

Parte de esos informes están al alcance del público

Domingo 2 de marzo de 2008, por ER. Montevideo

Aunque la total divulgación de los mismos es imposible, gran parte de esos informes están al alcance de los ciudadanos uruguayos

Botnia a la orilla del Río Uruguay

Desde hace un tiempo los informes presentados tanto por la República Argentina como por la República Oriental del Uruguay acerca del diferendo que mantienen ambas naciones políticas iberoamericanas acerca de la colocación de la pastera finlandesa de Botnia —actualmente en Fray Bentos, Uruguay, región oriental fronteriza con la provincia ché de Entre Ríos— están, al menos en parte, al alcance del público no especializado para su consulta. Durante todo el proceso del primer juicio llevado a cabo en el Tribunal Internacional de La Haya, Holanda, el año pasado, cada una de las etapas en que el juicio se dividió estuvo marcada por varios de esos informes. Todos ellos teniendo como marco de discusión principal las supuestas violaciones que tanto argentinos como uruguayos han llevado a cabo, según acusaciones mutuas, del Tratado del Río Uruguay que asegura jurídicamente la cosoberanía sobre ese río por parte de ambos países.

Claves uruguayas

Las claves del informe que marcó la primera fase fueron presentadas en junio de 2006 por el embajador oriental en Buenos Aires, Carlos Alberto Gianelli, en un extenso primer volumen del mismo. El Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay (CARU) fue la primera prueba presentada por la República Oriental en aquel juicio, un programa articulado a través de la Comisión Administrativa del Río Uruguay, más conocido como PROCEL, que no volvió a aplicarse más allá de su creación. Fueron presentadas varias actas del CARU en las que se prueba que tanto Uruguay como Argentina tenían previsto realizar varias reuniones tanto con Botnia como con la empresa española ENCE, también interesada en colocar varias pasteras en la franja oriental del Río Uruguay. También se prueba que Uruguay y Argentina aceptaron mandar varias delegaciones a los países de origen de las empresas pasteras, España y Finlandia, para observar el funcionamiento de las centrales de celulosa en sus lugares de origen.

También Uruguay presentó el acta de la reunión plenaria ordinaria del 27 de enero de 2006. El texto de esta reunión deja claro que, según el informe número 258 de la Subcomisión de Calidad de Aguas y Preservación de la Contaminación Ambiental, Uruguay brindó una autorización unilateral para la construcción de dos plantas de celulosa en su territorio cerca del Río Uruguay. Incluso que ENCE siguió estrictamente las indicaciones de la CARU para la construcción de su pastera y sus instalaciones conexas. En junio de 2003 las autoridades uruguayas acusaron recibo por parte de la CARU por su estudio de impacto ambiental de la pastera de ENCE. En 9 de octubre de 2003 las autoridades uruguayas encargadas de la protección ambiental autorizó a ENCE la construcción de su pastera, hecho que fue comunicado según este informe de manera inmediata al presidente de la delegación argentina ante la CARU.

El presidente de la CARU, Roberto García Moritán, tras la aprobación el 10 de diciembre de 2003 de la planificación del monitoreo y el estudio de parámetros varios en M’ Bopicuá, dijo que en el momento de disponer del material necesario para empezar a construir se tendrían las reuniones pertinentes para, conforme al Artículo 7 del Tratado del Río Uruguay, evaluar de manera somera el proyecto pastero.

El 17 de octubre se realizó una reunión extraordinaria de la CARU debido a la declaración unilateral de construcción de la pastera por parte uruguaya, por lo que la CARU dedició seguir los preceptos contenidos en el capítulo XV del Estatuto del Río Uruguay para la solución judicial de controversias. Al no alcanzar consenso, la CARU no volvería a reunirse hasta mayo del 2004. En marzo de aquel año, los cancilleres de exteriores de ambas naciones, por Uruguay Didier Operti y por Argentina Rafael Bielsa, se reunieron para tratar el tema de la colocación de las pasteras. Uruguay se comprometió a informar del proceso de colocación de las pasteras a su país vecino.

Según Uruguay, el 15 de mayo de 2004 se llegó al acuerdo definitivo por el que se permitía la colocación de las pasteras en suelo oriental siempre que Argentina fuese informada pertinentemente de cada punto en que se encontrase el proceso de construcción de las mismas, todo conforme al Estatuto del Río Uruguay y con monitoreos periódicos por parte de la CARU.

En esta serie de informes se afirma, para satisfacción de la parte uruguaya, que Argentina, por boca de su delegado ante la Comisión, Armando Darío Garín, no veía en las actividades pasteras ningún peligro irreversible para el medio ambiente.

Claves argentinas

Argentina durante el juicio tuvo su mayor baza en la prueba número 144/2005, una carta al embajador uruguay en Buenos Aires, Francisco Bustillo, de Diego García Moritán, en la que se dice que Argentina elevó una protesta formal contra la declaración unilateral uruguaya de construir pasteras cerca del Río Uruguay, algo que vulneraba el Derecho Internacional y el Estatuto del Río Uruguay firmado en 1975 por ambos países. En concreto, la medida unilateral vulneraba, según la carta, los artículos 7 y 12 de dicho Estatuto.

Además afirmaba que no era seguro que no se viese afectado el ecosistema argentino cercano a las pasteras ni que se asegurase la navegación por el Río como hasta el momento antes de la autorización unilateral de la construcción de las pasteras por parte de Uruguay se llevaba a cabo.

Argentina no vio con buenos ojos que se autorizara la construcción de las pasteras sin haber finalizado los estudios transfronterizos sobre impacto medioambiental de las mismas. Esto fue el desencadenante de la controversio iusinternacionalista por parte argentina.

También ofrece argentina como prueba el testimonio de Jorge Taiana de 14 de febrero de 2006 a los representantes del Congreso Nacional argentino, que afirmó que Uruguay violó el Estatudo bilateral del Río y otras leyes del Derecho Internacional en el momento en que autorizó a la empresa española ENCE construir su pastera al lado del Río Uruguay. Así mismo, Taiana acusó a Uruguay de no cumplir con los mecanismos de información y consultas previas previstos en el Estatuto durante una reunión de la CARU el 17 de octubre de 2003. Ante el silencio uruguayo, la comisión de la CARU se paralizó.

El 27 de octubre Uruguay remitió una nota oficial a las autoridades argentinas de la que se deduce que Uruguay disponía de información privilegiada desde el 22 de julio de 2002, y que desde esa fecha no recurrió en ningún momento al mecanismo de consulta previa e información para con Argentina. En esta nota tampoco se informa debidamente sobre los compromisos de Uruguay para con Argentina con respecto al Río ratificados en los tratados y convenios antes descritos. Una omisión grave a juicio de los representantes argentinos en el juicio.

Según Taiana, además, el canciller uruguayo Didier Operti afirmó que mientras la CARU no presentase su informe de impacto medioambiental, a consideración en aquel momento de la DINAMA —Dirección Nacional de Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay—, Uruguay no tomaría al respecto resolución alguna.

Argentina también presentó como prueba fue la carta del ministerio argentino de Relaciones Exteriores número 226/03, firmada por la embajadora Susana Ruiz Cerruti. En esta carta también se destaca el hecho de que Uruguay no haya consultado previamente a la Argentina sobre la colocación de las pasteras de celulosa. Además presentó varias notas de la CARU y un acta de la cuarta reunión de la GTAN de 9 de septiembre de 2005, donde se dice que un representante de la embajada finlandesa en Buenos Aires el cual, junto con varios técnicos fineses, declaró de manera rotunda que Botnia tenía como obligación en su país natal realizar estudios trasnfroterizos de impacto ambiental. También Argentina presentó una carta de Botnia fechada el 26 de marzo de 2006 donde afirman que iban a paralizar las obras durante 90 días para facilitar una solución dialogada entre Argentina y Uruguay al diferendo pastero.

También se dice que durante el juicio se presentó un informe confidencia sólo conocido hasta el momento por autoridades uruguayas y argentinas en el que se decía que de cara a solucionar el conflicto pastero sin alterar el Estatuto de 1975 y otros acuerdos bilaterales, ambos países se comprometían a que seis técnicos, tres uruguayos y tres argentinos, durante un plazo máximo de cinco días, revisarían desde un panel supervisor todo el proceso de construcción de las pasteras para después, una vez terminada su labor, llevar a cabo una reunión bilateral entre Argentina y el Uruguay para, tomando como base sus conclusiones, intentar llegar a un punto común de acuerdo. Sin embargo, según este informe, Botnia incumplió este acuerdo 24 horas después de haber sido alcanzado. El ejecutivo oriental lamentó la decisión de Botnia, a la que acusó de no medir las consecuencias de sus actuaciones con respecto a las relaciones entre Estados. Pero aún así, Uruguay ni sancionó ni paralizó las obras de la empresa finlandesa.


El Revolucionario, el diario hispano global de crítica del presente
Seguir la vida del sitio Cumple con el estándar XHTML 1.0 Transicional Página realizada con hojas de estilos
Porque el Mundo sigue girando