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“Democrática, institucional y moderna” realidad para el país con más hispanohablantes del planeta
Mientras analistas fundamentalistas democráticos se ocupan de encontrar las fórmulas para ajustar los déficits de “la joven democracia mexicana”, ansiosa por consolidarse para ser así una “democracia madura”, los datos económicos más elementales hablan por sí mismos
Lunes 19 de febrero de 2007, por ER. México DF
La consultora financiera y de negocios con sede en Londres, Datamonitor, publicó en septiembre de 2006 un estudio sobre la concentración de la riqueza en México titulado Wealth Management in Mexico 2005 (Administración de la riqueza en México 2005). El estudio tiene un costo de 2 mil 750 dólares, cantidad de la que ER México es incapaz de disponer para sus fines informativos por lo que se servirá, como fuente, de la información que de tal estudio ofrece el artículo que Federico Arreola publica en la revista El Chamuco (número 116, 14 de febrero de 2007).
Y en efecto, mientras periodistas y analistas de toda laya, cumpliendo con la cuota mínima de cretinismo político como para publicar un libro, mediocre desde un punto de vista analítico, en donde se ofrece una “crónica hora por hora” del aciago día de la elección presidencial –2 de Julio se llama el último librito del señor Carlos Tello Díaz- para filtrar el supuesto dato de que en algún momento López Obrador dijo “perdí”, de tal suerte que, según Tello Díaz, en el fondo AMLO aceptó la supuesta derrota electoral, reduciendo una vez más el debate a sus implicaciones psicológicas o subjetivas haciendo olímpica abstracción de la compleja dialéctica política y objetiva que determinó todo el proceso electoral; mientras esto sucede, decimos, tal dialéctica política se despliega aplastantemente haciendo de México, según los datos de Datamonitor, un obtuso e insultante país de miserables, por su magnitud, desigualdades.
Según el artículo de Arreola, el 0.003 por ciento de la población mexicana concentra en sus manos valores líquidos (dinero en efectivo, depósitos bancarios, acciones, fondos de inversión, etc.) por aproximadamente 21 mil 100 millones de euros (27 mil millones de dólares) –del 4 al 6 % del PIB nacional-, sin contar lo depositado fuera del país, mientras que la mayoría de la población vive en niveles de pobreza lamentables y mientras el país se sostiene, en gran medida, gracias a las remesas enviadas por los inmigrantes explotados en Estados Unidos. Según Arreola, son propiedad de mexicanos 5 mil de las 10 mil “tarjetas negras” de American Express que hay en el mercado; este tipo de tarjeta es la que permite a quien la tiene comprar hasta un avión.
De acuerdo con la información de Datamonitor, estas fortunas se reparten entre México y Estados Unidos, de tal suerte que Houston es al día de hoy el destino predilecto para los multimillonarios y patriotas inversores mexicanos: en 2002, BBVA Bancomer cambió sus oficinas internacionales de Los Ángeles y Nueva York a Houston, ciudad en donde también tiene su sede la división de Banca Privada de Bank of America; por su parte, Citigroup (consorcio al que, durante el gobierno de Vicente Fox, se le vendió mediante transacción bursátil –sin pago de impuestos- el banco mexicano hasta ese entonces más importante de México: Banamex) atiende a sus clientes multimillonarios desde Houston, Nueva York y Miami.
Slim, Arango, Salinas, Bailleres, Aramburuzabala, Hernández, Zambrano, Fernández, Azcárraga, Harp, González, Vázquez, Saba, Sada, Garza, Hank, Peralta, Aspe, Coppel, Alemán, Camil, Senderos, Bechmann, son, entre algunos otros, y junto a miembros de la clase política (incluidos los “ciudadanos” de profesión que circulan en las altas esferas directivas del IFE o el IFAI) y la Suprema Corte de Justicia, cuyos altísimos sueldos son verdaderamente ofensivos, son los apellidos que conforman la poderosísima estructura oligárquica de intereses políticos y económicos que ponen a México en una circunstancia histórica propia del Antiguo Régimen.
El esqueleto de la tan alabada y consentida sociedad civil, es decir, la estructura económico política del Estado mexicano, está controlada por unos cuantos monopolios, los verdaderos factores reales de poder del Estado: el 90 por ciento de la telefonía es propiedad de un solo grupo (Carso, de Carlos Slim); la tele-basura fabricada y el control de la opinión pública está en manos de dos compañías (Televisa, de Emilio Azcárraga, y TV Azteca, de Ricardo Salinas); una productora (Maseca, de Roberto González Barrera) es dueña de prácticamente todo el maíz destinado a la elaboración de tortillas.
Desde nuestro punto de vista, carece de interés crítico y de pertinencia política el acudir a denuestos panfletarios desde los que buscásemos condenar “la maldad” de estos “capitalistas explotadores” frente a la que acaso buscaríamos oponer una ética humanista de izquierda no menos panfletaria y ridícula; no, no nos interesa gritar que "otro mundo es posible"; nos interesa resaltar en todo caso la latencia de un desequilibrio económico estructural que hace de México una verdadera olla de presión socio política cuya capacidad de contención acaso esté a punto de ser desbordada, provocando un genuino, y dramático, proceso de transformación revolucionaria.
Por que el problema no radica tanto en la irritante y refinada estupidez con la que estas familias derrochan sus fortunas por México y el mundo, sino más bien en el hecho de que, al tiempo de concentrar de tal forma la riqueza, para luego sacarla del país, esta oligarquía mexicana está sobre todo interesada en que quien ocupe los cargos fundamentales del gobierno de la república no se atrevan, ni en el discurso ni mucho menos en los hechos, a tocar sus privilegios, es decir, esta oligarquía se encargará de garantizar que sujetos sin poder político alguno funjan como piezas políticas de rango secundario en el despliegue objetivo de sus intereses. La oligarquía mexicana, en definitiva, no quiere estadistas, quiere administradores eficientes, institucionales, democráticos, modernos y globalizados como el señor Felipe Calderón.