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La economía española se enfrenta a mayores contracciones

La destrucción de la economía nacional

«Sacrificio» ¿a cambio de qué?

Martes 8 de junio de 2010, por ER. Barcelona

El infantilismo de considerar que tal Club pudiera representar de hecho un cenáculo donde los «ricos» conspiran contra el resto de la Humanidad (como si ésta existiera, y por tanto existiera una comunión de intereses de aquellos que «dirigen» a sus miembros), no resta fuerza a la imagen. Zapatero, en efecto, ha sorprendido en las últimas semanas anunciando nuevas medidas absolutamente contrarias al ideario que ha mantenido en el resto de su mandato: subida del IVA, bajada del sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones, posibles reformas fiscales (ya no dirigidas a las rentas más altas, sino a la captación capitales fugados al extranjero o de dinero negro), abaratamiento del despido, reforma de la economía financiera (en especial, mediante fusión de cajas de ahorro), posibilidad de contratos temporales, enfriamiento de la inversión pública, %c.

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Euro contra Peseta
La economía española pone en jaque a la moneda única

Con todas estas medidas, Zapatero ha seguido las directrices que le han marcado desde otros Estados, tales como Estados Unidos y Alemania, ambas preocupadas por las graves consecuencias que el hundimiento de la economía española podría tener sobre la zona euro y sobre las finanzas y comercio internacionales (preocupación mantenida en la reunión del «eurogrupo» del lunes 7 de junio). El objetivo es tranquilizar a los mercados, que se niegan a invertir dinero en España y a prestárselo tanto a sus empresas públicas como privadas, pues dudan de la solvencia de los acreedores españoles. Todas las medidas anunciadas por el presidente van dirigidas a calmar las aguas en estos meses de emergencia extrema (se ha llegado a tener que pedir a los bancos españoles que presten líquido, dado que no llegaba por otras fuentes). Y todas ellas las impondrá el gobierno, con mayor o menos fuerza, a costa de perder el apoyo de los Sindicatos que, aunque absolutamente domesticados, no pueden aceptar unas medidas cuyas consecuencias las van a sufrir de inmediato las clases trabajadoras de España.

Pero los ajustes no van a servir para salir de la crisis económica sino, a lo sumo, para evitar la bancarrota total. Excepto algunas medidas (como las fiscales o las de reducción del déficit), la mayoría de las anunciadas tendrán efectos positivos sólo cuando la economía nacional entre en fase de recuperación. Hasta entonces, y en los primeros meses de su entrada en vigor, lo más probable es que produzcan una contracción de la inversión y del consumo, esperemos que no hasta niveles que lleven a los españoles a recordar épocas de hambre que hacía tiempo no padecían.

La cuestión es, por tanto, ¿cómo lograr recuperar el crecimiento? Esto depende de medidas a medio plazo, algunas de las cuales empiezan a mencionarse y otras no. Como no hay mal que por bien no venga, hay que destacar que, por primera vez desde 1978, empiezan a abundar las voces, tanto en los medios de comunicación como entre los cargos políticos, contra el despilfarro y el clientelismo que supone el régimen de las Autonomías. Lo que suele ser menos debatido es cómo planificar el crecimiento a medio plazo, o dicho de otro modo (dado que España no se plantea abandonar el escenario del capitalismo internacional) cómo recuperar competitividad, y ésta no depende sólo de bajar salarios o abaratar el despido. Más bien exige aumentar la productividad, a través de inversiones en infraestructuras e industrias (que esas mismas potencias extranjeras nos incitaron a desmantelar a cambio de entrar el Europa, paso cuyas verdaderas consecuencias empezamos ahora a ver), educación (capital humano), e innovación, así como reconquistar el control de las fuentes de energía, &c. Sólo si hubiera un plan de este tipo estaría justificado que los trabajadores españoles acepten los «sacrificios» que se les piden.

Es decir, lo que verdaderamente hace falta es un plan a medio plazo para la economía nacional española, un plan que no puede estar marcado por otros Estados y que requiere centralizar esfuerzos, obviando los intereses regionales que tiranizan al Estado en nombre de la actual Constitución. Sólo un gobierno dispuesto a trazar un plan verdaderamente estatal, capaz de convencer y dirigir tanto a inversores como a asalariados, podría sacar a nuestra nación de su actual situación de vasallaje frente al eje franco-alemán.


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