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Prevaricador por su Complejo de Jesucristo

Defensa maniquea del juez Garzón

Pero defendido por quienes le son afines ideológicamente

Lunes 12 de abril de 2010, por ER. Barcelona

Entre las reacciones más singulares ante la reciente decisión por parte del magistrado Luciano Varela en el sentido de encausar por prevaricación al juez Garzón debido a su «causa general» contra el franquismo, destaca sin duda la protagonizada por el ministro de fomento José ( vulgo: pepiño) Blanco. En efecto, semejante personaje , ofreciendo sin duda buena muestra del descontrol ideológico en el que la socialdemocracia española estaría envuelta, ha tenido a bien declarar ante dicha apertura de diligencias judiciales que «no le gustaría que los falangistas ganaran de nuevo la batalla».

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Garzón
Un juez corrupto ideológicamente a causa de su Complejo de Jesucristo

Con ello, estimamos, se estaría refiriendo don José a la naturaleza «ultra-derechista» que suele atribuirse a alguna de las asociaciones (Manos Limpias, Libertad e Identidad, Falange) personadas como acusación independiente en el proceso abierto contra el super-juez de los milagros.

Ahora bien, dejando al margen el hecho de que sólo gratuitamente —o lo que es peor: mitológicamente, es decir, por vía del «mito de la derecha»— cabe dar por buena esta maniquea asignación de «ultra-derechismo» a las asociaciones mencionadas ( y en todo caso, aunque eso fuese así, ¿qué puede querer decir este carácter supuestamente «derechista» en un «Estado de derecho» en el que rige el principio de isonomía) y todavía menos considerar tal proceso judicial como un «atentado contra la democracia» tal y como lo han hecho desde el fundamentalismo democrático en el que están instaladas las juventudes del Partido Socialista de Cataluña. No queremos desperdiciar la ocasión de «recordar» al Sr. Pepiño Blanco que, sin perjuicio de las premisas delirantes que alimentan la tentativa de «recuperar la memoria histórica» sobre el colapso de la república y el inicio de la guerra civil, los Falangistas, aunque no sólo ellos, efectivamente ganaron la guerra —no «la batalla»—. De donde se seguiría que, puesto que «los hechos que pasaron ni Dios puede cambiarlos», el anti-franquismo retrospectivo propio de tantos dirigentes social-fascistas y jueces con complejo de Jesucristo estaría sencillamente fuera de lugar.

Es más: si es verdad que el régimen franquista de derecha socialista representó, cuando se contempla desde la óptica del materialismo histórico, no tanto un imposible «paréntesis» entre sendas epifanías democráticas (1931-1978) cuanto un episodio de acumulación original de capital que pudo poner las bases de la democracia de mercado en la que hoy vivimos, entonces, resultará forzoso interpretar nuestra monarquía constitucional como el producto de la anamorfosis de la sistasis franquista («de la ley a la ley»); algo que sin duda puede demostrarse sencillamente atendiendo a la absoluta continuidad entre tantas instituciones económicas y políticas que la democracia española habría heredado del régimen anterior: de los Sindicatos a la RENFE, de la Cadena Ser o la TVE a la seguridad social, &c.

Pero si ello es así, es decir, si las leyes de la democracia española proceden directamente de las leyes franquistas (y no, en modo alguno, de la II República como se pretende hacer creer anacrónicamente en tantas ocasiones), ¿qué sentido podrá tener —al margen de los componentes delictivos del caso— que un juez de la Audiencia Nacional pretenda «entender» sobre el régimen de Franco del que la propia legislación española, así como su fuerza de obligar, suponemos que proviene? Ningún sentido claro desde luego, salvo el de una operación tan utópica como la del barón de Münchhausen cuando pretendía sostenerse agarrando sus propios cabellos. Una contradicción ésta mucho más acusada al pretender Garzón enjuiciar una parte esencial de la historia reciente de España, como si semejante gesto, en sí mismo enteramente ridículo, pudiera significar algo jurídicamente.

Y es que, insistamos en esto, no es misión del Juez Garzón dictar sentencias inspiradas por el Tribunal de la Razón o por la Humanidad puesto que las leyes españolas se sostienen sobre la soberanía del Cuerpo político en la que se aplican (y fuera de tal soberanía, dichas leyes carecen por entero de fuerza de obligar sin perjuicio del metafísico principio de «jurisdicción universal»). Olvidar esta «circunstancia» constituye el indicio más firme en el que podemos fundarnos para diagnosticar, no ya la corrupción delictiva, sino la corrupción lógica de las categorías de análisis manejadas tanto por el buen Juez como por sus apologetas social-fascistas.


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