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El socialfascismo vuelve a travestirse de obrero sin esperar a las fiestas de Rodiezmo

Los amigos de los trabajadores «de todas clases»

Aportan dineros múltiples a la banca y después se ponen duros ante la inane CEOE

Lunes 27 de julio de 2009, por Grupo Promacos

Al final del verano, en la localidad leonesa de Rodiezmo, donde hasta hace no mucho existía una considerable producción minera, se reúnen los caciques del PSOE junto a las burocracias sindicales afines, como la UGT, para travestirse de obreros y decirles a los prejubilados y turistas varios que están en contra de los mismos empresarios a los que colman de prebendas.

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El socialfascista Zapatero y su gran amigo el magnate banquero Emilio Botín
¿Y con semejantes amigos hemos de creer que el socialfascismo está del lado de los trabajadores?

Decía Engels, al comentar el Tomo I de El Capital de Marx, que el avance de la sociedad industrial y la menor necesidad de mano de obra para manejar dichos ingenios, hacía posible la formación de un ejército de reserva del capitalismo que estaría dispuesto a trabajar en las condiciones más precarias con tal de recibir unas migajas para sustentarse. Evidentemente, la proliferación del sector servicios y el Estado del Bienestar han servido para recolocar a esos obreros y diversificar la actividad económica, formando así un conjunto difuso de «trabajadores de todas clases», como decía la Constitución de la II República española. Tras la ruptura del denominado «diálogo social» por no aceptar las condiciones de la patronal, la CEOE, los socialfascistas del PSOE presumen de haber defendido los intereses de los «trabajadores de todas clases».

Sin embargo, desde el Grupo Promacos no sólo hemos de poner en solfa el denominado «diálogo social», pues las entidades que dialogaron con el gobierno, patronal y sindicatos, apenas representan a algunos pocos empresarios y a un número ínfimo de trabajadores, estando las listas de afiliados sindicales bajo mínimos, sino también las alternativas por decreto ley del gobierno.

Además, la presunta resistencia del gobierno ante los empresarios no significa para nada defensa de los intereses de los trabajadores. Eso no constituye más que una mera pose propagandística. El decreto ley, que el gobierno quiere imponer por la fuerza para ampliar los derechos de cotización para desempleados de larga duración, no se financiará a costa de los empresarios, sino de las clases medias, las que siempre soportan las cargas impositivas «progresivas» en silencio y viendo cómo su patrimonio disminuye paulatinamente. Mientras, se regalan cifras escandalosas a la banca a cambio de nada.

Por otro lado, es muy fácil decir que ni los salarios ni las protecciones sociales al desempleo disminuirán jamás bajo el gobierno socialdemócrata. Pero la realidad es que la crisis económica, con el hundimiento de la especulación inmobiliaria, ha provocado una deflación de la Economía española, esto es, una pérdida de valor supuesto de los bienes de consumo y un ajuste paulatino a un valor real desde un precio inflado por efecto de esa misma especulación. Esto significa que la inflación negativa lleva a una pérdida de ganancias de los empresarios, y en consecuencia a más tasa de paro y a menor capacidad para hacer frente a los salarios. El mero hecho del aumento de las cargas impositivas para que el Estado recaude todo lo que ha perdido por la crisis supone una depauperación relativa de las clases trabajadoras, algo que por otro lado ya era una constante en tiempos de bonanza económica no tan lejanos.

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Símbolo del dolar
El socialfascismo, como su hermano el nazi-fascismo, tiene mucho aprecio por los bienes monetarios

La mentira socialfascista, sin embargo, oculta a los trabajadores que los sindicatos y el PSOE son quienes más laboran para mantener un ejército de reserva del capitalismo. En el caso de los primeros, aprovechan los expedientes de regulación de empleo (ERE) para conseguir pingües beneficios a costa del recorte de derechos de los trabajadores. Para empezar, el derecho al trabajo, pues si la empresa de turno no acepta el chantaje sindical, el ERE se convierte en la quiebra empresarial y la totalidad de la plantilla en el paro.

El PSOE, por su parte, ufanado en las presuntas conquistas sociales que dice mantener, pone en solfa al PP por, dicen, querer recortar derechos a los trabajadores. Para ello, fijan sus ojos en la reforma laboral que el Partido Popular desarrolló en 1996 para reducir el coste del despido (de 40 días por año trabajado a 33), como ejemplo de ese recorte de derechos. Lo que ciertamente sería verdad si no fuera que dicha reforma se combinó con un impulso de la estabilidad laboral: si con los autodenominados «amigos de los trabajadores» era y es posible que un empresario despidiera a un trabajador a quien había mantenido con contratos de formación durante tres años sin firmar contrato fijo alguno, con el Partido Popular esos tres años de permanencia discontinua en la formación obligaban a la firma de un contrato indefinido.

Como conclusión, se podría decir, como sustitución de la maniquea distinción derecha/izquierda, que la diferencia entre un PP acomplejado, incapaz de destacar ese mérito en su gestión, y un PSOE demagogo a costa del erario público, es que los primeros garantizaron el derecho al trabajo, mientras que los segundos garantizan simplemente un derecho a la pereza a seis millones de españoles a costa del trabajo del resto.


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