La traición de clase de la izquierda nacionalista en España, y su impacto sobre la economía española (y III)

IV. Reflexiones sobre la «opresión económica» nacional en España

En un reciente artículo titulado «¡Qué error! ¡Qué inmenso error!», Juan Francisco Martín Seco, ex alto cargo del primer gobierno del PSOE y más tarde miembro de Izquierda Unida, plantea el siguiente problema hacendístico que se relaciona con la perspectiva de historia económica que utilizaremos en este apartado:

«La propuesta de financiación recientemente presentada por el tripartito para Cataluña se basa en un principio que debería ser inaceptable para cualquier fuerza progresista y que incluso creíamos ya abandonado por todos en la esfera política, la de que aquellos que más impuestos pagan tengan que recibir mejores servicios. Ése es un axioma del mercado que precisamente toda Hacienda Pública pretende corregir. Cataluña no paga más que Andalucía, son los catalanes los que quizás paguen por término medio más que los andaluces, pero simplemente porque, también por término medio, su renta es mayor. La propuesta de que sean las regiones las que contribuyan al Estado central se da tan sólo en los primeros momentos de un proceso federal o confederal (…) Uno de los extremos que algunos hemos criticado a la Unión Europea es precisamente el que su presupuesto no cuente con impuestos propios y se nutra de las aportaciones de los estados miembros. Lo increíble es que dentro de nuestro país algunos pretendan retrotraerse a esos estadios primarios de la Hacienda Pública superados hace siglos» [1].

Situemos estas afirmaciones en un contexto histórico, comenzando por analizar ciertos datos que los nacionalistas españoles suelen ignorar. España es una nación de acuerdo con la historia [2], y no importa que algunos crean lo contrario. A su vez, Cataluña, País Vasco, etcétera no son naciones aunque algunos así lo crean o sientan [3].

Hay muchas razones por las que uno puede querer tergiversar la historia [4], al igual que por otras razones otros podemos desear la máxima objetividad histórica. La realidad de la historia nos muestra que hay y ha habido naciones oprimidas por otras naciones. Un ejemplo típico de esto es el caso de las colonias europeas creadas a partir de la edad moderna en tantos lugares de América, África y Asia. En particular, las colonias españolas de América y Asia desaparecieron en el siglo XIX, y las africanas en el XX. Con la excepción del debatible caso de Ceuta y Melilla, aquí ya no tenemos colonias y no hay por tanto ningún sujeto para el derecho a la autodeterminación. En general, el capitalismo moderno y contemporáneo ha utilizado las colonias de la misma manera en que utiliza todo lo demás: al servicio de su objetivo supremo de maximización de las ganancias. La ganancia es la expresión monetaria de la plusvalía, y la máxima cosecha de plusvalía la obtiene el capital a partir de la explotación del trabajo asalariado a su servicio. Sin embargo, tanto antes como simultáneamente con la explotación del trabajo asalariado, el capital ha empleado otros medios para conseguir incrementar su ganancia, entre los cuales se cuentan la apropiación en el pasado del trabajo de los siervos y esclavos que aún operaban, como reminiscencias vivientes, en el seno de unas formaciones sociales parcial, pero no completamente, capitalistas, o la opresión del trabajo de los autónomos en el momento actual.

Cabe suponer que, aunque las estadísticas al respecto dejan mucho que desear, los países metropolitanos europeos hayan sacado provecho de su relación con las colonias. Desde el punto de vista del internacionalismo proletario, no se trata de que un país explote a otro, sino de que la clase capitalista y dirigente de las metrópolis explotan el trabajo de la clase obrera del país así como la de sus colonias. Una primera ilustración de que eso fue así también en el caso europeo la podemos obtener comparando el crecimiento secular de las metrópolis con las tasas de crecimiento de sus colonias. A partir de los datos recopilados por el equipo de Angus Maddison, sabemos que el crecimiento fue bastante mayor en los países colonizadores que en los países colonizados. Por consiguiente, si la producción de ambos conjuntos de países guardaba una determinada proporción al comienzo de la época colonial, dicha proporción debía ser más favorable a los países colonizadores al final de dicho periodo, que es en realidad lo que ha ocurrido.

De acuerdo con Maddison (2001, cuadro 1-9a, p. 46), los países colonizadores crecieron entre 1500 y 1820 a una tasa anual media aproximada del 0.15%, más de 7 veces más que los países colonizados (0,02%). Si suponemos que en el caso español los datos fueron iguales que para la media del grupo colonizador, podemos concluir que debió de ocurrir algo similar a lo sucedido a nivel mundial, a saber: que si bien el nivel relativo de PIB por habitante entre países colonizadores y colonizados era de 1.32 en 1500, dicho cociente había subido hasta 1.97 en 1820 (un incremento porcentual de 50%: véase el cuadro 1-9b).

Que el nivel de productividad entre países colonizadores (y opresores de sus colonias), por una parte, y el de los países por ellos colonizados, por otra, se hayan distanciado fuertemente en esos siglos de dominio colonial, se entiende perfectamente. Lo que no se entiende es cómo podría haber sido al contrario. Pues bien, los nacionalistas periféricos se encuentran ante un dilema. O bien defienden una increíble afirmación económica –a saber: que Cataluña y el País Vasco, a pesar de haber crecido mucho más que el resto de las regiones españolas en los siglos XIX y XX, han sido oprimidas por ellas–, o bien estamos ante un tipo distinto de «opresión», que a continuación investigaremos, pero perfectamente compatible al parecer con una opresión en sentido contrario –desde Cataluña y el País Vasco hacia las otras regiones– en el terreno económico. En cualquier caso, se trataría de una opresión «espiritual» sufrida por ellos frente a una opresión «material» ejercida por parte de ellos, algo nunca visto desde luego.

En el terreno objetivo de la medición, las cifras demográficas y económicas son tremendamente claras, tanto para el observador de unas regiones como de otras. Albert Carreras recoge los siguientes datos:

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Asimismo, en la recopilación de García Delgado sobre la economía española, encontramos datos que contextualizan lo que sucedió en esas dos regiones en el marco de una descomposición regional de la economía española en su conjunto. Los cuadros 2 a 4 recogen esos datos referidos al PIB, la población activa y la productividad (el producto per cápita):

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Lo que muestran los datos es algo bastante inequívoco. Las tres regiones que más se han beneficiado del desarrollo económico capitalistas son aquellas donde se contaba con clases burguesas y empresas capitalistas más poderosas, a saber País Vasco y Cataluña y, más recientemente, Madrid [5]. Cuando se deja aparte Madrid, donde no existe el fenómeno «nacionalista regional» que se estudia en este trabajo, los resultados no se alteran, como puede comprobarse en las figuras siguientes, que siguen una pauta idéntica a la que muestran los cuadros anteriores.

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Resumiendo (véase el Cuadro 5): Cataluña y el País Vasco apenas producían en 1802 la quinta parte de lo que se producía en las dos Castillas y Andalucía juntas, y al cabo de dos siglos producen un 10% más que el conjunto «castellano» por antonomasia. Igualmente, la población activa ha pasado de poco más de un quinto a casi tres cuartas parte. Por consiguiente, dado el mayor dinamismo de la producción que de la población activa, la productividad catalana-vasca se ha alejado de la castellano andaluza, siendo en la actualidad un 50% superior a la de estas dos últimas regiones (cuando hace dos siglos la productividad de las dos regiones «periféricas» estaba en conjunto por debajo de la productividad de las dos regiones «centrales»).

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Los datos anteriores deben interpretarse a la luz del marco general de la historia económica española. A menudo se queja el nacionalismo catalán de que el Estado español no dejó participar a su región en los beneficios del comercio colonial con Hispanoamérica. Pero debe tenerse en cuenta que los reinos y coronas que formaban España mantuvieron mucho tiempo su autonomía económica y fiscal. Por ejemplo: «El grueso de la política imperial [española] fue financiado por Castilla. En 1616, Castilla cargó con el 73% de los costes del imperio, mientras que Portugal, los Países Bajos, Nápoles y Aragón pagaron un 10, un 9, un 5 y un 1% respectivamente» (Díez Medrano, 1999, p. 34). Por tanto, se comprende también que la administración del imperio colonial y sus territorios fuera algo exclusivo de Castilla. En cuanto a las Provincias Vascas, que no obstante tenían el monopolio de la construcción de barcos (Bilbao), «habían permanecido exentas del pago de impuestos», así como de «donativos», hasta el siglo XVII (pp. 30, 37).

Además debe tenerse en cuenta que vascos y catalanes no eran ajenos al propio gobierno de Castilla, los primeros porque formaban parte de la Corona de Castilla, y los segundos porque la propia Corte aragonesa se había trasladado a Madrid. Medrano muestra, por ejemplo, cómo era la nobleza vasca (las Juntas de las Hermandades que gobernaban esta región) la que gravaba a los sectores populares, o también, frente a la interpretación habitual de los nacionalistas, cómo «la Junta General de Vizcaya decretó en 1613 que a partir de ese momento, sólo quienes fueran capaces de leer y escribir en romance (castellano) podrían ser elegibles para la Junta» (p. 39).

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