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A día de hoy podemos asegurar «lo que no sucedió»

A cinco años del 11-M

Todo indica que las «cloacas del estado» (renovadas en profundidad con los gobiernos de Felipe González, y que Aznar apenas modificó) están en el ajo.

Martes 10 de marzo de 2009, por Grupo Promacos

Ningún partido político, ni el PP, ni mucho menos el PSOE, ha hecho nada relevante por saber quiénes proyectaron la colocación de doce bombas en cuatro trenes de cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004, justo tres días antes de las elecciones generales.

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Restos de trenes del 11 M
Cinco años después, sabemos que se ocultó el tipo de explosivos existentes en ellos, para favorecer a la socialdemocracia entonces en la oposición

Tanto en la Instrucción del sumario, llevada a cabo por el juez Juan del Olmo, como en el juicio posterior, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, se puso de manifiesto tanto el idealismo ingenuo de los que piden la total independencia del poder judicial respecto del resto de poderes del estado, como la casi completa sumisión de los altos cargos de la judicatura respecto de los partidos políticos después de las reformas introducidas con el primer Gobierno de Felipe González (que hacía depender la elección de miembros del CGPJ de las mayorías parlamentarias ligadas a los partidos políticos).

En consecuencia, afirmamos desde el Grupo Promacos lo siguiente: muchos españoles sabían que la sentencia judicial sobre el 11-M no se atrevería a contradecir abiertamente la «versión oficial» de los hechos a pesar de las evidencias en su contra, que se conformaría con dar una de cal y otra de arena aunque tuviera que caer en vergonzosas y llamativas incoherencias, como así sucedió. La indolencia y pasividad general durante todo el proceso de los dirigentes del PP, principal partido de la oposición, nos lleva a pensar que aunque accediera al poder en próximas elecciones tampoco haría mucho por aclarar lo sucedido.

Dicha sentencia, entre muchas otras cuestiones, dejó sin determinar la autoría intelectual del atentado terrorista. El marroquí Jamal Zougam fue el único condenado por la colocación de las bombas basándose en el testimonio de tres inmigrantes rumanos que declararon haberlo visto en uno de los trenes, a pesar de las pruebas en contra que intentó aportar su abogado. Pero, para más escarnio de sus juzgadores (que se empeñan en asumir que «lo que no está en el sumario no está en el mundo»), el fin de semana pasado el periódico El Mundo demostró que la policía no incorporó al sumario pruebas en contra de su implicación en los atentados, tal como defiende José María de Pablo, actual abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

La sentencia que emitió el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez y la posterior del Tribunal Supremo dejaron en el aire la autoría intelectual de los atentados, lo cual no pareció perturbar la conciencia de la mayoría de los españoles. En su libro de reciente publicación, La cuarta trama, el actual abogado de Zougam ha profundizado y ampliado las contradicciones de la versión oficial que aún siguen repitiendo multitud de periodistas ingenuos o muñidores al servicio del actual Gobierno: «lo único que sabemos a ciencia cierta de la identidad de la cuarta trama es que no tiene ninguna relación con Al Qaeda ni nada que se le parezca, que está formada por personas de nacionalidad española, con algún tipo de influencia en las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que tenía gran interés en la victoria del PSOE».

Cinco años después, lo único que sabemos es que las cloacas del estado manipularon las pruebas hasta convertir el caso en un enigma sin resolver, donde parece que la ETA aportó al menos su complicidad con los planos del Corredor del Henares. Referencia a ETA que, sospechosamente y al igual que todas, intentó evitarse a toda costa en el sumario, para así favorecer, como afirma el abogado de Zougam, al socialfascista PSOE, enredado después en un extraño diálogo con la banda terrorista separatista.


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