De la Rúa a proceso judicial

El fiscal federal Federico Delgado solicitó el procesamiento del ex presidente Fernando De la Rúa, de miembros de su equipo económico, fundamentalmente al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y Daniel Marx, ex ministro de Finanzas, y a varios banqueros de la oligarquía financiera argentina e internacional que se vieron beneficiados en la operación conocida como Megacanje de deuda que tuvo lugar en 2001, durante la desastrosa administración del primero.

Para el fiscal Delgado, según declaró a medios nacionales, "el canje de deuda sólo podía ser, y de hecho lo fue, un gran negocio para unos pocos que contaban con recursos importantes e información privilegiada, a costa del bienestar de la mayoría que carecía de esos instrumentos".

Según el fallo de la Cámara Federal, "existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero... Banco Francés, Banco de Galicia, Credit Suisse First Boston, Grupo Santander Central Hispano, HSBC, J.P. Morgan y Salomon Smith Barney... porque sus representantes tuvieron la posibilidad de ajustar la decisión de la adminsitración a la operación".

De la Rúa y Cavallo

Implicación mutua en la cadena de decisión y responsabilidad política y judicial

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía y responsable de la operación, sostuvo en las indagatorias judiciales que "siempre mantuvo al tanto al ex presidente De la Rúa sobre el diseño e implementación de dicho plan", lo que implicó a éste úlitmo en la cadena de decisión y responsabilidad: "Es evidente que De la Rúa no puede quedar en la cómoda posición de quien firma despachos de mero trámite anclado en la confianza que le inspiraban sus colaboradores; ya que intervino por decreto en ese devenir de la mano de sus colaboradores en economía, no desconocía ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo del megacanje", aclaró el fiscal Delgado.

Por su parte, Cavallo había ya aclarado en un artículo de 2006 en el periódico La Nación que la operación había consistido en emplazar los vencimientos de deuda que iban a tener lugar entre 2001 y 2005 para el período 2006-2013, a cambio de pagar altos intereses que habrían de incrementar la deuda durante este último período. La operación fue considerada por legisladores nacionales como fraudulenta, toda vez que fue vista como el intento por parte de De la Rúa de beneficiar a los bancos internacionales que intervinieron en la refinanciación de la deuda.

En medio de una crisis económico-financiera mundial sin precedentes, y teniendo a la dialéctica de Estados como motor, ofensivas contra las oligarquías financieras y los bloques bancarios internacionales están volviendo a ser implementadas por muchos gobiernos y/o facciones legislativas en Hispanoamérica, tales son los casos de Argentina, como aquí reportamos, o México, según se puede ver en los reportes que desde ese país se hacen para El Revolucionario.