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Decretado por el presidente Álvaro Uribe

Estado de excepción en Colombia por huelga de jueces

Parálisis judicial en Colombia

Sábado 11 de octubre de 2008, por ER. Cali

El presidente de la República, Álvaro Uribe, ha decretado el estado de excepción debido a la huelga de jueces que en el país ha puesto en la calle a más de 2.720 delincuentes y ha congelado 35.00 audiencias públicas, 36.000 tutelas judiciales y más de 120.000 procesos penales, quedando así en libertad asesinos, violadores y demás lacra social

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El presidente Álvaro Uribe
La huelga de jueces, que pone en peligro la estabilidad colombiana de manera mayor que acciones conjuntas de narcos, paras y guerrilla, sirve para Uribe para convertirse de facto en dictador de Colombia

La crisis es máxima en Colombia. Según el artículo 213 de la Constitución, el Ejecutivo tiene facultades legislativas por un período de 90 días prorrogables hasta nueve meses ante una grave situación de desorden público. El Gobierno, amparándose en este artículo, puede así, a través del Consejo Superior de la Judicatura, crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que puedan garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en materia judicial, así como capacidad para suspender a funcionarios judiciales que se abstengan sin justificación alguna de prestar sus servicios. Asímismo, se valida la opción de tomar medidas dando competencias a notarios en materia jurídica, como incluso modificar el Código de Procedimiento Civil.

Uribe ha dicho que la medida era necesaria para asegurar que el grave paro judicial no ponga más en peligro el orden institucional, la seguridad nacional y la convivencia. En una palabra, la eutaxia, el buen orden del Estado. La huelga judicial es absolútamente desestabilizadora y atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones colombianas. El «gobierno de Uribe, por tanto, parece seguir esta máxima de Goethe: Es preferible la injusticia al desorden».

El Gobierno se ha apresurado en afirmar que las medidas tomadas tienen fuerza de ley, aunque su vigencia es transitoria. Sin embargo, Uribe ha confirmado a los medios que presentará las medidas ante el Congreso para convertirlas en permanentes, y ahí radica la cuestión más peligrosa del asunto, al menos desde el punto de vista de la oposición.

El sindicato Central Unitaria de Trabajadores, CUT, calificó la decisión de Uribe de equivocada, pues así sólo se radicalizarán los huelguistas de la justicia. Según el vicepresidente del CUT, Fabio Arias:

«Los problemas de carácter laboral no se resuelven concertando, sino que el Gobierno acude a métodos dictatoriales y autoritarios.»

Por su parte, el Polo Democrático Alternativo de Colombia, principal fuerza de la oposición, dijo en un comunicado que acudirá a la Corte Constitucional para impugnar los decretos del Gobierno que pretenden hacer de unas medidas transitorias algo permanente.


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