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El Gobierno de Bachelet apoya iniciativas que cuestionan el régimen de Pinochet

Quieren esclarecer las muertes de Eduardo Frei Montalva y Carlos Prats

La Concertación apoya abiertamente las investigaciones que, más allá de los componentes éticos que se amparan en la actual corrección política, pueden debilitar a sus adversarios en la carrera gubernamental

Martes 30 de enero de 2007, por ER. Valparaíso

Los familiares del expresidente Eduardo Frei Montalva y del general Carlos Prats quieren esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes de ambos mandatarios, contestatarios con el régimen de Pinochet.

La muerte de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre 1964 y 1970, resultó sospechosa desde sus primeros momentos. Oficialmente falleció por inesperadas complicaciones tras una simple operación de hernia de hiato que se llevó a cabo en diciembre de 1981. Su hijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que también presidió Chile de 1994 a 2000, siempre supuso que detrás del percance estaba la mano oculta de la DINA. El juez que se encarga de la investigación, Alejandro Madrid, ha dado a conocer el informe realizado por expertos de un laboratorio de la Universidad belga de Gent según el cual entre los restos del finado se han encontrado partículas de gas mostaza, agente químico que habría causado la muerte del mandatario el 22 de enero de 1982.

Con la Concertación en el poder la familia de Eduardo Frei Montalva inició los trámites judiciales para determinar con exactitud las causas de la muerte del ex Presidente, encargándose del caso el juez Alejandro Madrid. En enero de 2005, Michael Townley, un antiguo agente de la DINA confirmó la relación entre dicha entidad con Eugenio Berríos, químico especialista en armas biológicas destinadas, al parecer, al asesinato de opositores políticos. Berríos fue posteriormente asesinado en Montevideo. Durante el año 2006, la exhumación del cadáver del ex Presidente no arrojaría datos claves. Sin embargo, el 17 de agosto del mismo año, el médico encargado de la primera intervención quirúrgica de Frei reconoció que la muerte del ex-Presidente se debía a un agente químico.

Tras confirmarse las sospechas, Álvaro Varela -abogado de la familia Frei Ruiz-Tagle- confirmó que será presentada ante los Tribunales una querella criminal contra quienes se suponen responsables por el deceso del ex Mandatario. La presidenta Bachelet se sumó al homenaje celebrado el día 22 de enero para conmemorar el 25 aniversario de la muerte del expresidente, y destacó la necesidad de esclarecer la muerte del padre del actual presidente del senado, y de los demás casos de violación de los derechos humanos.

Caso Prats

La otra investigación que mencionamos presentaba aún menos dudas. Las muertes del general Prats y su esposa parecieron desde los primeros momentos obra de la DINA, policía secreta del régimen pinochetista. El ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, fue asesinado junto a su esposa Sofía Cuthbert el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, y las pesquisas indican que Michael Townley y su mujer Mariana Callejas detonaron a distancia la bomba colocada bajo el automóvil de ambas víctimas. A Townley, que reside en Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos, se le atribuye también el atentado mortal llevado a cabo en 1976 contra el Canciller Orlando Letelier y su secretaria.

El juez encargado del caso Prats, Alejandro Solís, ha formalizado la acusación del doble homicidio contra ocho ex agentes de la DINA, entre los que se encuentran los presuntos planificadores del atentado, Juan Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo. El proceso, que ha entrado en su última fase (se espera sentencia de primera instancia para el próximo mes de abril), también recoge la acusación por delito de “asociación ilícita”. Jorge Balmaceda, abogado defensor de tres de los acusados, ha declarado que «en un delito cometido en el extranjero, los tribunales chilenos no tienen competencia», y que la acusación de «asociación ilícita» que hizo Solís es «un poco injuriosa», pues «los oficiales del Ejército de Chile no forman parte de ninguna asociación ilícita. El Ejército es una institución honorable».

En ambos proceso se vuelve a poner de manifiesto, desde nuestro punto de vista, que el poder judicial no es independiente de otros poderes políticos, aunque sea disociable de ellos. Lo que se considere lícito o legal, por tanto, no es independiente de los grupos de poder que definen y sostienen la legalidad, con su correspondiente fuerza de obligar. En la revisión de lo ocurrido en el régimen pinochetista, en “el esclarecimiento de los hechos”, no sólo hay que tener en cuenta que ética y política no engranan necesariamente, sino que los sucesos que se pretenden enjuiciar presuponen plataformas ideológicas múltiples desde las que se define la claridad, que no es unívoca ni neutral.

Ya veremos hasta dónde llega cada uno de los bandos divergentes para mantener o incrementar su poder político, y cómo aguanta el adversario la presión recibida.


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