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Una vez que eres inútil para la sociedad de mercado pletórico

La obligación de morirse

La prensa basura socialdemócrata auspicia al Doctor Montes

Lunes 28 de julio de 2008, por Grupo Promacos

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, además de un amplio sector de la prensa española que le ha defendido a capa y espada, ha sido la plataforma usada por el Doctor Luis Montes, conocido también como «Doctor Muerte» por su afición a practicar la «eutanasia» en las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, para presentar un manifiesto por la «muerte digna» o «buena muerte». Denominado «El manifiesto Santander por una muerte digna», su objetivo es cambiar el artículo 143 del Código Penal español para despenalizar el suicidio asistido y la denominada «eutanasia activa».

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Doctor Montes
Liquida a los hombres sobrantes del mercado pletórico

Este peculiar manifiesto es sólo una consecuencia del debate de los últimos años sobre el denominado «derecho a una muerte digna» que, según los opinólogos de nuestra democracia coronada, deberían tener tanto ancianos impedidos como enfermos terminales o disminuidos físicos y psíquicos, caso de tetrapléjicos o parapléjicos, proponiendo incluso la aplicación de una eutanasia clínica que consiga acabar con su sufrimiento.

Sin embargo, esta identificación de la eutanasia con su etimología originaria, «buena muerte», o «muerte digna» en ocasiones, es demasiado confusa. En el caso de los ancianos o los tetrapléjicos, en una sociedad bárbara lo normal es abandonarlos, debido a la carga y estorbo que suponen para el grupo. Pero en una sociedad desarrollada como España, carece de sentido acabar con el presunto «sufrimiento» de una persona que puede llegar a tener incluso un gran círculo de amigos a su alrededor, como fue el caso del tetrapléjico Ramón Sampedro, quien fue inducido al suicidio por algunos familiares y periodistas oportunistas. En todo caso, evitar el sufrimiento no es el único criterio para morir. En una sociedad hedonista basada en el disfrute, como la que nos ha tocado vivir, parece normal, pero en una sociedad bárbara como la descrita el criterio no es el disfrute sino la supervivencia del grupo.

Este presunto derecho a una «muerte digna» encubre en realidad, desde los viscosos presupuestos socialdemócratas que aparecen en su prensa afín, lo que es un constante goteo de muertes provocadas por motivos económicos, bien porque el sistema sanitario no puede soportar las cargas que suponen la existencia de un número muy elevado de ancianos e impedidos que no rinden desde el punto de vista económico, o bien la muerte de sujetos no natos que son considerados una carga para determinados ciudadanos.

Nos referimos, en el segundo caso, a los numerosos abortos que se producen en España por encima de las fechas límite que la ley tolera, práctica que debería penarse con la cárcel, dados los numerosos medios anticonceptivos disponibles en nuestra sociedad. El aborto se convierte así en una forma de «muerte digna» para los fetos, en el mejor de los casos, ya que sus madres suelen considerarlos simples «verrugas». Pese al enorme despilfarro de tejidos y personal sanitario que provocan, los abortos alimentan un gran negocio privado, el de las clínicas especializadas en la eufemística «interrupción voluntaria del embarazo» (incluso en fetos sietemesinos o de más avanzado estado) y descargan de peso a muchos consumidores del mercado pletórico, convencidos de que el mantenimiento de los hijos y de la familia son una carga para ellos.

Es más, el supuesto derecho a una muerte digna presenta muchas contradicciones insalvables. Si acudimos a la situación individual y hedonista ya descrita, efectivamente parece tener sentido. Pero esta situación es aparente, pues es siempre el grupo, la moral, quien decide. En este caso, la muerte digna ya no incluye a los enfermos terminales, los ancianos y los fetos, sino a individuos que han transgredido las normas de manera tan brutal que no pueden seguir conviviendo con los demás. Es el caso del famoso José Rabadán, el conocido como «Asesino de la Katana». En lo referente a este sujeto, la única «buena muerte», si tal sujeto no se suicida al ser consciente de la barbaridad que ha cometido, sería la aplicación de una eutanasia procesal o ejecución capital.

De hecho, la «buena muerte» históricamente es una cuestión de grupo: para un samurai japonés abandonar cobardemente el campo de batalla estaba penado con el suicidio ritual o seppuku a manos de sus más allegados; un militar golpista, en tiempos menos tolerantes que los que vivimos, no podía encontrar más alto honor que ser fusilado en caso de haber atentado contra el gobierno legalmente constituido, como les sucedió a los capitanes Galán y García Hernández cuando se sublevaron en Jaca en 1930 con el objetivo de instaurar la república en España, algo que la memoria histórica de nuestro fundamentalismo democrático intenta ocultar, afirmando que tal régimen se proclamó tras unas elecciones.

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El etarra De Juana Chaos
¿No merece que el Doctor Montes le aplique una «muerte digna»?

De forma análoga, un crimen horrendo en España bien podría ser un asesinato como los practicados por la banda terrorista ETA. Sin embargo, parece que nuestro gobierno no sólo no contempla esa posibilidad, al igual que los anteriores de nuestra democracia, sino que parece convencido de que asesinos convictos y confesos como el sanguinario De Juana Chaos, el «hombre de paz», debe estar en libertad conviviendo con los familiares de sus víctimas.

Probablemente el PSOE considere que, al igual que sucedió con los terroristas de Terra Livre, que fueron integrados en ERC a cambio de su abandono de la lucha armada, ETA acepte abandonar su lucha a cambio de un cargo público garantizado en la monarquía democrática de 1978. Sin embargo, desde el Grupo Promacos vemos el problema de forma muy distinta: una sociedad que tolera la presencia de tales monstruos acaba demostrando que todo le da igual y se acerca a su descomposición. Una vez demostrado que la ley no se aplica, se justifican así venganzas personales cometidas por víctimas del terrorismo, al ver que los verdugos de sus familias no sólo no son ajusticiados, sino que además siguen en libertad para poder continuar con sus crímenes.


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