ETA y los crímenes contra España

Nuestra clase política, liderada por el presidente del gobierno de España, Zapatero, «muy honesto, recto, que no divaga, íntegro», según afirma el Rey de España Don Juan Carlos I, ha declarado su rechazo al último atentado de ETA. Todas las declaraciones parecen rechazar «la violencia» como forma de hacer política, destacando sobre todo aquellos políticos, como los del PNV, que comparten la ideología separatista de los terroristas, aunque no los métodos «violentos» que usan para imponerla.

Se invocará en los días posteriores a la «unidad de los demócratas» y al «consenso», dejando la cuestión dispuesta para el próximo atentado. La detención de los asesinos sólo servirá para que se reeduquen y gocen de los privilegios penitenciarios que les permiten licenciarse y volver a la calle para ocupar algún puesto en la Universidad del País Vasco o en Deusto. O incluso se convertirán en «interlocutores» de un nuevo «proceso de paz», «para que no haya más muertes».

Terroristas de ETA

Sus crímenes se realizan contra España y no contra una inexistente Humanidad

Pero lo cierto es que no pueden condenarse los atentados de ETA —suponiendo que tal condena retórica sirva para algo más que calmar la mala conciencia de nuestra clase política— porque sean violentos o porque vayan contra la democracia. ETA se formó durante la etapa franquista y en aquellos años finales del régimen de Franco y durante la Transición atentaba de manera brutal. Si los atentados de ETA fueran contra «la democracia», en buena lógica nuestra partitocracia debería asumir los postulados del terrorismo nacionalista vasco y, en consecuencia con la memoria histórica impuesta por ley, homenajear a los terroristas que fueron ejecutados por el régimen franquista, víctimas de su «terror». Pero, precisamente para no mostrar de una manera tan explícita una complicidad objetiva sobre el particular, los miembros de nuestra partitocracia coronada pasan por alto el detalle fundamental: el objetivo de ETA es la secesión del País Vasco de la nación española, y por lo tanto sus crímenes no se realizan ni contra la democracia, ni contra la humanidad, sino contra España.

Evidentemente, las acciones de ETA siguen las habituales pautas atribuibles a cualquier acto terrorista: tienen una marca inequívoca y perfectamente reconocible por comunicados y procedimientos, amenazan con repetirse de forma recurrente y además se realizan de manera aleatoria: en tanto que ciudadanos españoles, todos somos potenciales víctimas de ETA. Pero para que sea un terrorismo efectivo y no puramente intencional, ha de contar con la complicidad objetiva del grupo al que se pretende aterrorizar. Y a juzgar por los resultados electorales del 9 M, tras el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco, y por el comportamiento previo del PSOE durante la denominada «tregua» de ETA y el «proceso de paz», podría decirse que ETA nunca ha logrado aterrorizar tanto a España como hasta ahora.

El gobierno socialista de España ha perdonado sistemáticamente las acciones terroristas de ETA porque «llevaban años sin matar». Tras el atentado de la T4 que se llevó por delante a dos ciudadanos ecuatorianos, siguió perdonándoles porque únicamente se trató de un simple «accidente mortal». Si todo esto se hizo únicamente para salvar el denominado «proceso de paz» es porque el bienintencionado gobierno socialista era y aún es cómplice objetivo de los postulados terroristas, a quienes ha reconocido la legitimidad de su lucha. En consecuencia, ha intentado pactar con ellos un proceso de rendición, ya sea consistente en darles un cargo de concejal (como ya tienen muchos de sus miembros bajo la coartada de ANV) o en ir profundizando en la división de España por medio de Estatutos de Autonomía de cariz cada vez más secesionista.

Desde el Grupo Promacos consideramos que tal complicidad objetiva, compartida desgraciadamente por un buen número de ciudadanos españoles, no puede ser sino una forma de caminar, con plena seguridad aunque en un lento y agónico proceso, hacia el desmantelamiento de España a cambio de que una camarilla política siga asegurándose un buen puñado de votos para gobernar cada cuatro años, bajo la coartada de «la paz» o la «ausencia de violencia».