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No para salvar la cara a ningún estamento partidista
El pacto de estado debería suponer una profunda reforma de las instituciones españolas
Miércoles 17 de febrero de 2010, por Grupo Promacos
El debate, hasta el momento, se ha convertido en el típico recital maniqueo con el que sus sectarias señorías nos obsequian tan a menudo. Ha tenido mucho de retórica y de cinismo, de brindis al sol en definitiva. Si Rajoy, líder del PP, ha pedido a los diputados del PSOE que reconsideren su apoyo a Zapatero (cuando la disciplina de partido obliga precisamente a mantenerle su apoyo), dejando ambigua la posibilidad de una moción de censura, Zapatero, desde su posición de Presidente del Gobierno, le ha instado a presentar la tan comentada moción de censura, a sabiendas que no será apoyada por nadie: los partidos secesionistas de derecha extravagante, jamás se prestarán a un cambio de gobierno que les haga perder privilegios, especialmente los miembros del tripartito catalán, auténticos directores de la política española.
Entre medias, unos días antes de este debate, el Rey Don Juan Carlos I de Borbón y Borbón propuso un pacto de estado entre los dos grandes partidos para salvar la situación. Tal y como está esa situación, ya no se sabe si el Rey busca el bien común o salvarse a sí mismo, dada la desbandada general y el sálvese quien pueda que se transmite desde el Parlamento, sin un proyecto claro para encarar ni la crisis económica ni la deriva secesionista del estado.
En efecto, Su Majestad el Rey no se equivoca cuando pide lo que han pedido muchos y parece lo más obvio: un pacto de estado, similar al que se firmó en 1979 en los denominados Acuerdos de la Moncloa, con una crisis económica en ciernes aún que amenazaba la Transición, y no hace tanto, casi diez años há, en forma de Pacto Antiterrorista firmado por PSOE y PP para combatir el terrorismo secesionista vasco.
Sin embargo, desde el Grupo Promacos somos escépticos sobre las posibilidades de semejante pacto. Y no sólo porque el maniqueísmo de las posiciones derecha/izquierda y los tópicos de la paz y la libertad encadenen a nuestros diputados en sus disputas habituales, sino porque el gobierno socialista de España depende precisamente para mantener su poder de la confrontación del «todos contra el PP», de la que se alimentó mientras estaba en la oposición y después, ya en el poder, bajo el manto falso del «consenso».
No hay que olvidar que un pacto de tales características implicaría la destrucción de esa política que ya lleva mucho tiempo desarrollándose. En primer lugar, implicaría el reconocimiento de que la actual crisis económica desborda las posibilidades de actuación del gobierno (ministros como el de Trabajo, Corbacho, han reconocido que no pueden hacer nada para frenar la sangría del desempleo, aunque no hayan dimitido), lo que hace en consecuencia necesario un acuerdo con el otro gran partido nacional.
Y en segundo lugar, tendría que partir de la premisa de anulación del Pacto del Tinell firmado por el Tripartito que actualmente gobierna en Cataluña en el año 2003, que en sus «Criterios de actuación política general» señala que no puede haber «Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalidad ni en el Estado». ¿Cómo va a pactar el PSOE con el PP sin incumplir las premisas de dicho acuerdo, y sin que el gobierno secesionista de Cataluña no salte por los aires, y con él varios millones de votos y más de 20 escaños que ocupa el PSC en el Congreso de los Diputados?
En consecuencia, estas dos premisas son ineludibles para la base de un acuerdo, que después habría de ampliarse sobre la reforma del modelo de Estado autonómico y, en suma, sobre la actual Constitución de 1978. Y como no se producen, el pacto de estado no deja de ser un brindis al sol. No hay más que ver cómo la «ronda de contactos» para semejante pacto comienza por los nacionalistas, sigue por minorías como IU y UPyD, y termina en el PP, para darnos cuenta que la estrategia de «todos contra el PP» sigue y seguirá vigente mientras su solvencia electoral esté probada.
El PP, por su parte, sigue con la estrategia del perfil bajo y de heredar el poder del PSOE tras su lavado de cara con el Congreso de Valencia, aprovechando la factura que le pasa la crisis económica y su inane acción de gobierno para contrarrestarla. Y en efecto, los sondeos de los últimos meses parece que indican que el PP vuelve a ser un partido solvente y capacitado para ganar las elecciones. Sin embargo, si bien la caída del PSOE en intención de voto está en relación directa con los varios millones de parados generados con la crisis, no es menos cierto que esos votos no han ido a parar al PP; al contrario: el PP ha perdido votos, aunque en escasa proporción comparándole con el gobierno.
Algunos analistas han señalado que, en la coyuntura actual, se producirá un adelanto electoral para que el PP lidie con lo peor de la crisis y el PSOE no se desgaste más electoralmente. No dejan de ser meras ilusiones. No hay motivos para que ello suceda mientras siga vigente el Pacto del Tinell y los apoyos nacionalistas, que no soltarán la poltrona ni con moción de censura. La situación política y económica de España se seguirá pudriendo al menos dos años más, hasta que el PSOE sea derrotado en las urnas.
Por nuestra parte, no pensamos que el PP haga grandes milagros desde el poder, pero al menos ejercerá una labor de contención sobre la crisis, reduciendo gastos y planteando alguna reforma eficaz, mientras su timoratez se lo permita. Más no cabe esperar en la situación actual, aunque bien pudiera ser un comienzo de algo mejor, como la reforma de la Constitución con la desaparición del Estado de las Autonomías, y sobre todo planes a largo plazo, más allá de las legislaturas de cuatro años, acerca de cuestiones tan básicas como las centrales nucleares y los planes hidrológicos. De ilusiones también se vive.