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Acusados de genocidio

El Consejo de ministros de España pide la extradición de dos ex-presidentes de Guatemala

El asalto de la policía a la embajada española en 1980 pieza central del sumario.

Sábado 23 de diciembre de 2006, por ER. Madrid

El 31 de enero de 1980, manifestantes encapuchados asaltaron, armados con machetes y cócteles Molotov, la embajada de España en la Ciudad de Guatemala, tomando rehenes. Murieron 36 o 37 personas tras la intervención de la policía.

El Gobierno de España, a petición de la Audiencia Nacional, solicita la entrega a España de los ex presidentes Benedicto Lucas García y José Efraín Ríos Montt, del ex ministro del Interior Donaldo Álvarez y de los ex altos cargos y militares golpistas Ángel Anibal Guevara, Germán Chupina, Pedro García Arredondo y Óscar Humberto Mejía. Están acusados de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato, detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública.

La causa contra estos fue iniciada por Rigoberta Menchú, cuyo padre fue una de las víctimas del desenlace de la ocupación de la embajada española en 1980. Precisamente este asalto constituye una de las pruebas de mayor peso en las que sustentar la petición. Lucas dio la orden de entrar en el recinto a la policía, violando así la inmunidad diplomática de la que gozaba la Embajada de España. El gobierno de Suárez rompió, entonces, sus relaciones diplomáticas con Guatemala.

Sin embargo los delitos que se le imputan difícilmente pueden sostenerse únicamente en unos sucesos oscuros en donde los campesinos, convenientemente «catequizados» por los teólogos de la liberación, asaltaron, tomaron rehenes, usaron cócteles molotov y machetes. A pesar de que la noticia ha sido difundida presentando a los asaltantes como «líderes campesinos, obreros y estudiantes, entre ellos el padre de Menchú, que ocuparon de forma pacífica la embajada para reclamar una investigación oficial para los centenares de asesinatos de indígenas, las torturas y violaciones».

Entre los muertos se encontraban activistas del Comité de Unidad Campesina y otras organizaciones, además de diez rehenes. Las crónicas nos recuerdan que no se realizaron autopsias y las declaraciones, en las fechas, del embajador español Máximo Cajal, apuntan a que los propios activistas provocaron los incendios. Sin embargo en 2000, Cajal declaró que los comandos especiales del ejército masacraron en el interior de la legación a 37 personas desarmadas (34 campesinos y tres diplomáticos españoles, aun cuando la cifra exacta no se sabe con precisión), cuando ya habían pactado con él su entrega a Cruz Roja Internacional. Cajal y López, que fue el único superviviente, decía algo bien distinto el 8 de febrero de 1980, en la página 13 de el diario El País: «La policía comenzó a romper con hachas la puerta. En ese momento se produjo una gran confusión, sonaron algunos disparos, no puedo precisar de quién, y uno de los ocupantes lanzó un cóctel molotov contra la puerta. Yo estaba muy cerca de la salida y salté afuera, con las ropas ardiendo, como los leones en los circos.»

La Audiencia Nacional, que tiene dictadas órdenes de detención internacionales contra los siete imputados desde hace más de un año, recibió el jueves una comunicación de las autoridades panameñas que le decía que creían haber detenido a Donaldo Álvarez. Sin embargo, la policía del mismo país dejó hoy en libertad al arrestado.


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