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El Estado frente al separatismo
Los conservadores se oponen a la separación de Santa Elena de la actual provincia de Guayas
Jueves 1ro de marzo de 2007, por ER. Quito
La confrontación entre Gobierno y oposición, se extiende a todos los ámbitos de la política ecuatoriana. A las acusaciones de financiación de la Alianza País con dinero público, se suma un nuevo enfrentamiento motivado por la propuesta del presidente Rafael Correa, consistente en la creación de una nueva provincia en el país. El territorio que aspiran a este status es Santa Elena, perteneciente a la provincia de Guayas. Otro proceso paralelo, todavía en fase embrionaria, se sigue en algunas zonas de la provincia de Manabí.
Durante la ceremonia de conmemoración de los 178 años de la Batalla de Tarqui, el Presidente arremetió contra las que calificó de “fuerzas vivas” de Guayas, contrarias a la constitución de Santa Elena, en provincia. Según Correa, estos territorios han estado secularmente abandonados por parte de las instituciones, condición de la que lograrían salir si contaran con representación en el Congreso tras un proceso de provincialización. En el caso de Santa Elena, ésta podría llegar a contar con tres de los dieciocho diputados que aporta Guayas al hemiciclo.
Estas mismas “fuerzas vivas”, afirman que tras la provincialización, Guayas quedaría sin salida al mar y sufriría un grave descalabro económico en un futuro próximo, al quedarse sin el potencial pesquero de Santa Elena donde, además, han aparecido recientemente yacimientos petrolíferos. Por otro lado, añaden, la formación de una nueva provincia conllevaría la reproducción de los actuales órganos administrativo, lo que acarrearía numerosos gastos y podría abrir la puerta a casos de corrupción.
Por su parte, los pequeños grupos favorables a esta propuesta, que apoyan la iniciativa gubernamental, basan su apoyo, según manifestó Tania Masson en que “siempre la descentralización es buena”.
Desde El Revolucionario, manifestamos nuestra oposición a acatar el Axioma Masson, sin embargo, observamos con interés todo este proceso, pues precedentes históricos no faltan. Se nos ocurre poner como ejemplo la división en departamentos llevada a cabo en Francia, que vino a acabar con los patois y la división territorial procedente del Antiguo Régimen, para dar paso a la holización que precedió a la transformación de súbditos en ciudadanos. Esta división, recordemos, se hizo bajo una norma práctica: la del reparto de la correspondencia, y en ningún caso, ateniéndose a derechos étnicos ni históricos de ningún tipo. En este sentido, entendemos que la descentralización puede ser buena para Ecuador, siempre que ésta se rija por criterios de distribución de riqueza y servicios. Ello serviría también para romper los movimientos indigenistas que amenazan con producir una involución en la nación de ciudadanos que, entendemos, debe ser Ecuador