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procesados por genocidio, terrorismo y torturas en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga los crímenes de la última dictadura militar argentina.

España pide a Argentina la extradición de más de cuarenta cargos de la Junta Militar argentina

El Consejo de Ministros español, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó hoy dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes argentinas de Obediencia Debida y Punto Final

Sábado 10 de febrero de 2007, por ER. Madrid

De acuerdo al documento del Consejo de ministros, se pedirá la extradición, entre otros, de Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias y Héctor Febres

El Consejo de Ministros español cursa una orden de la sala tercera del Tribunal Supremo, de mayo de 2005, en la que falla a favor de la acusación privada, que había interpuesto un contencioso administrativo contra la decisión del gobierno anterior de no tramitar la petición de Garzón.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición, pero el 29 de agosto de 2003, el Consejo de Ministros, del entonces presidente José María Aznar, decidió suspender el procedimiento contra los argentinos.

El gobierno de Aznar consideró que, con la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, los jueces argentinos habían recuperado su plena soberanía para actuar y, por lo tanto, no procedía la extradición.

El esperpento es notable, porque esta noticia coincide con la posibilidad de que otro de los procesados por Garzón, Ricardo Cavallo, extraditado a España desde Méjico, vuelva a la Argentina sin haber sido juzgado en España.

La Audiencia Nacional decidió, en diciembre del año pasado, ceder a la justicia argentina la investigación y enjuiciamiento de los secuestros, torturas y crímenes presuntamente cometidos por Ricardo Cavallo durante su estancia en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los 340 centros clandestinos utilizados durante la dictadura de aquel país. En este mismo centro también estuvo destinado el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo, condenado por España a 640 años de cárcel en abril de 2005.

Aunque la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció, entonces, el «principio de jurisdicción universal» (en virtud del mismo, cualquier país puede investigar genocidios o delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero), arguyó que «ante la concurrencia de jurisdicciones, este principio debe ceder cuando el país en el que se han producido los hechos haya iniciado ya una investigación al respecto». Es decir, el «locus delicti» ha de imponerse al principio de jurisdicción universal. Lo que, en sí mismo, anula el principio, aunque a los señores de la Audiencia no se lo parezca.

En rigor, este «principio» sólo es operativo cuando los supuestos delitos se hayan cometido en países dispuestos a extraditar a los supuestos delincuentes para que sean juzgados fuera de sus fronteras, por tanto, ni es principio, ni es universal; sino, antes bien, un intromisión en toda regla de Garzón, el "juez universal", en la soberanía de otros países.

En el caso de estos cuarenta para los que se pide un juicio en España, se da la circunstancia de que estos individuos ya están siendo juzgados en Argentina, por lo que la sentencia del Supremo será papel mojado si se aplican los razonamientos del caso Cavallo.

En la causa «madre» que se instruye en Argentina, y de la que han partido investigaciones centradas ya en hechos o personas concretas, hay 295 imputados, entre los que además de Cavallo, se encuentra el ex policía Juan Carlos Fotea. Hace sólo unos días, el pasado 28 de noviembre, Garzón ordenaba su ingreso en prisión. Todo apunta a que el destino de este ex policía, cuya extradición ya ha pedido Argentina, será el mismo que el de Cavallo, también.

Resta por ver si el gobierno suramericano enviará a Garzón a alguno de los que no tienen cuentas pendientes con la justicia argentina para que sea juzgado en España.

Otros encausados por Garzón son el ex comisario y presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, y la ex presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón.


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