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Admitida la solicitud del PP

Recusado el representante del PSOE en el Tribunal Constitucional: no podrá votar la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña

El Tribunal Constitucional recusa, por 6 votos contra 5, a Pablo Pérez Tremps, que tendrá que inhibirse en el asunto de la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña

Martes 6 de febrero de 2007, por ER. Madrid

El engendro antiespañol del Estatuto de Cataluña tendrá un defensor menos, en el Tribunal Constitucional, gracias a la recusación, pedida por el PP y aprobada por el propio tribunal, del jurista representante del gobierno socialdemócrata en este tribunal

La justicia vuelve a dar un disgusto a Zapatero y aliados separatistas que, tras la decisión del Tribunal de admitir la recusación de Pérez Tremps pedida por el PP, se queda sin un voto necesario para que este tribunal (formado por representantes de la partitocracia elegidos según afinidades) declarara la constitucionalidad del estatuto catalán.

Pérez Tremps, jurista, catedrático de derecho constitucional y representante del PSOE en el Tribunal, no podía juzgar algo que él mismo contribuyó a gestar.

En concreto, el catedrático elaboró un informe, tras ser contratado por el actual consejero de la Generalidad catalana, Juan Saura, en donde se le pedía que examinase, en palabras de la recusación, "el margen ofrecido por el Tribunal Constitucional que permita al Estatuto incluir ciertos mecanismos concretos de actuación exterior".

Algunos párrafos de este informe han sido incluidos en el texto del estatuto catalán, que examinará el Constitucional.

Conviene recordar que Cataluña no puede tener ministerio, ni consejería de asuntos exteriores, sin que esto no suponga, de facto, la ruptura de la Nación Española y la usurpación de la soberanía nacional por una parte, por lo que el asunto no es baladí.

En cualquier caso, no parece muy lógico que quien tiene que juzgar la constitucionalidad de un estauto de autonomía sea, al mismo tiempo, un jurista que trabaja para sus redactores en asunto tan sensible como el estudio de las lagunas legales que permitieran a Cataluña tener su propia política exterior.

Precisamente, el Ministro español de asuntos exteriores, Moratinos, recibía hace unos días al líder independentista y Consejero de la Generalidad, Carod Rovira como "representante de la política exterior catalana".

Y es que la estrategia independentista de conseguir por la vía de los hechos (aunque estos hechos sean ilegales o abiertamente delictivos, puesto que encubren el delito de secesión) lo que luego reclaman en los tribunales y en los parlamentos, ha encontrado en el gobierno socialdemócrata a un aliado perfecto.

Con esta sentencia adoptada por seis votos frente a cinco, el gobierno del PSOE y el gobierno regional catalán, así como el coro de aliados separatistas, sufren un serio revés. Con las debidas reservas, parece más difícil ahora que antes que el Constitucional avale el texto del estatuto perpetrado por los separatistas catalanes contra la soberanía nacional.

Los magistrados que se oponían a aceptar la recusación son la presidenta del TC, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón. A favor de estimar la recusación votaron el vicepresidente del alto tribunal, Guillermo Jiménez Sánchez, y los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Roberto García Calvo.

El portavoz del PSOE, el excomunista López Garrido, se ha mostrado "sorprendido" por la decisión y ha manifestado la desazón que le produce el que la justicia se les escape de las manos. La fiscalía, al servicio del gobierno, se opuso, desde el principio, a esta recusación. Ni el PSOE, ni el gobierno, ni la fiscalía han podido impedir esta lógica decisión del Tribunal Constitucional.

Habrá que ver qué movimientos hace el gobierno del PSOE para impedir que el Tribunal declare inconstitucional el texto de los catalanes que, según Rodríguez Zapatero, había quedado "como una patena".La justicia vuelve a dar un disgusto a Zapatero y aliados separatistas que, tras la decisión del Tribunal de admitir la recusación de Pérez Tremps pedida por el PP, se queda sin un voto necesario para que este tribunal (formado por representantes de la partitocracia elegidos según afinidades) declarara la constitucionalidad del estatuto catalán.

Pérez Tremps, jurista, catedrático de derecho constitucional y representante del PSOE en el Tribunal, no podía juzgar algo que él mismo contribuyó a gestar.

En concreto, el catedrático elaboró un informe, tras ser contratado por el actual consejero de la Generalidad catalana, Juan Saura, en donde se le pedía que examinase, en palabras de la recusación, "el margen ofrecido por el Tribunal Constitucional que permita al Estatuto incluir ciertos mecanismos concretos de actuación exterior".

Algunos párrafos de este informe han sido incluidos en el texto del estatuto catalán, que examinará el Constitucional.

Conviene recordar que Cataluña no puede tener ministerio, ni consejería de asuntos exteriores, sin que esto no suponga, de facto, la ruptura de la Nación Española y la usurpación de la soberanía nacional por una parte, por lo que el asunto no es baladí.

En cualquier caso, no parece muy lógico que quien tiene que juzgar la constitucionalidad de un estauto de autonomía sea, al mismo tiempo, un jurista que trabaja para sus redactores en asunto tan sensible como el estudio de las lagunas legales que permitieran a Cataluña tener su propia política exterior.

Precisamente, el Ministro español de asuntos exteriores, Moratinos, recibía hace unos días al líder independentista y Consejero de la Generalidad, Carod Rovira como "representante de la política exterior catalana".

Y es que la estrategia independentista de conseguir por la vía de los hechos (aunque estos hechos sean ilegales o abiertamente delictivos, puesto que encubren el delito de secesión) lo que luego reclaman en los tribunales y en los parlamentos, ha encontrado en el gobierno socialdemócrata a un aliado perfecto.

Con esta sentencia adoptada por seis votos frente a cinco, el gobierno del PSOE y el gobierno regional catalán, así como el coro de aliados separatistas, sufren un serio revés. Con las debidas reservas, parece más difícil ahora que antes que el Constitucional avale el texto del estatuto perpetrado por los separatistas catalanes contra la soberanía nacional.

Los magistrados que se oponían a aceptar la recusación son la presidenta del TC, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón. A favor de estimar la recusación votaron el vicepresidente del alto tribunal, Guillermo Jiménez Sánchez, y los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Roberto García Calvo.

El portavoz del PSOE, el excomunista López Garrido, se ha mostrado "sorprendido" por la decisión y ha manifestado la desazón que le produce el que la justicia se les escape de las manos. La fiscalía, al servicio del gobierno, se opuso, desde el principio, a esta recusación. Ni el PSOE, ni el gobierno, ni la fiscalía han podido impedir esta lógica decisión del Tribunal Constitucional.

Habrá que ver qué movimientos hace el gobierno del PSOE para impedir que el Tribunal declare inconstitucional el texto de los catalanes que, según Rodríguez Zapatero, había quedado "como una patena".

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Pérez Tremps
Recusado por trabajar para la generalidad

La justicia vuelve a dar un disgusto a Zapatero y aliados separatistas que, tras la decisión del Tribunal de admitir la recusación de Pérez Tremps pedida por el PP, se queda sin un voto necesario para que este tribunal (formado por representantes de la partitocracia elegidos según afinidades) declarara la constitucionalidad del estatuto catalán.

Pérez Tremps, jurista, catedrático de derecho constitucional y representante del PSOE en el Tribunal, no podía juzgar algo que él mismo contribuyó a gestar.

En concreto, el catedrático elaboró un informe, tras ser contratado por el actual consejero de la Generalidad catalana, Juan Saura, en donde se le pedía que examinase, en palabras de la recusación, "el margen ofrecido por el Tribunal Constitucional que permita al Estatuto incluir ciertos mecanismos concretos de actuación exterior".

Algunos párrafos de este informe han sido incluidos en el texto del estatuto catalán, que examinará el Constitucional.

Conviene recordar que Cataluña no puede tener ministerio, ni consejería de asuntos exteriores, sin que esto no suponga, de facto, la ruptura de la Nación Española y la usurpación de la soberanía nacional por una parte, por lo que el asunto no es baladí.

En cualquier caso, no parece muy lógico que quien tiene que juzgar la constitucionalidad de un estauto de autonomía sea, al mismo tiempo, un jurista que trabaja para sus redactores en asunto tan sensible como el estudio de las lagunas legales que permitieran a Cataluña tener su propia política exterior.

Precisamente, el Ministro español de asuntos exteriores, Moratinos, recibía hace unos días al líder independentista y Consejero de la Generalidad, Carod Rovira como "representante de la política exterior catalana".

Y es que la estrategia independentista de conseguir por la vía de los hechos (aunque estos hechos sean ilegales o abiertamente delictivos, puesto que encubren el delito de secesión) lo que luego reclaman en los tribunales y en los parlamentos, ha encontrado en el gobierno socialdemócrata a un aliado perfecto.

Con esta sentencia adoptada por seis votos frente a cinco, el gobierno del PSOE y el gobierno regional catalán, así como el coro de aliados separatistas, sufren un serio revés. Con las debidas reservas, parece más difícil ahora que antes que el Constitucional avale el texto del estatuto perpetrado por los separatistas catalanes contra la soberanía nacional.

Los magistrados que se oponían a aceptar la recusación son la presidenta del TC, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón. A favor de estimar la recusación votaron el vicepresidente del alto tribunal, Guillermo Jiménez Sánchez, y los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Roberto García Calvo.

El portavoz del PSOE, el excomunista López Garrido, se ha mostrado "sorprendido" por la decisión y ha manifestado la desazón que le produce el que la justicia se les escape de las manos. La fiscalía, al servicio del gobierno, se opuso, desde el principio, a esta recusación. Ni el PSOE, ni el gobierno, ni la fiscalía han podido impedir esta lógica decisión del Tribunal Constitucional.

Habrá que ver qué movimientos hace el gobierno del PSOE para impedir que el Tribunal declare inconstitucional el texto de los catalanes que, según Rodríguez Zapatero, había quedado "como una patena".


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