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En una declaración pública dice estar «alarmado» por las últimas sentencias judiciales

El gobierno vasco manifiesta su oposición a las leyes españolas amenazando con incumplirlas

Comunicado del gobierno vasco criticando a la justicia cuatro días antes de que su presidente comparezca ante ella como imputado en un delito

Domingo 28 de enero de 2007, por ER. Madrid

El Gobierno vasco hizo pública una declaración institucional en la que, tras denunciar la «convulsión» que le provocan las últimas decisiones judiciales, amenaza con no cumplirlas. Aunque luego, cínicamente dice «respetarlas» porque, según ellos, el respeto «no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido». Esta declaración se produce cuatro días antes de que el jefe del gobierno autónomo vasco, Ibarreche, declare ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como imputado por reunirse con terroristas de Batasuna-ETA y al día siguiente de que varios jueces declarasen que «ninguna autoridad goza en España de impunidad penal».

Juan José Ibarreche El texto, en el que el Gobierno vasco expresa su «alarma» por el efecto de algunas resoluciones judiciales y reclama «seguridad jurídica y claridad de expectativas», fue leído en vascuence, por la portavoz Miren Azkarate y en español, por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.

Destaca, como «ofensa» de la justicia al gobierno vasco, el procesamiento de Ibarreche, al señalar que «se pretende sembrar la sospecha de que el propio lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalización política».

Como se ve, el gobierno autonómico transforma la constatación de un delito en mera sospecha y al delito, penado por la ley, de participar en reuniones políticas con terroristas, lo convierte en «diálogos por la paz y la normalización política». Al tiempo, lanza un mensaje a sus socios del PSOE para que le den cobertura judicial a su política de entendimiento con los terroristas («seguridad jurídica», le llaman a que los jueces hagan la vista gorda ante el incumplimiento de las leyes, como pedía también el fiscal del Estado, Cándido Conde Pumpido)

El manifiesto público institucional prosigue cuestionando, no ya la aplicación de la ley, sino la misma Ley de Partidos que, según los separatistas del PNV «ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes», y ha supuesto «el desbordamiento de los límites» hasta «poner bajo sospecha al Parlamento vasco y al propio lehendakari». Más tarde compara las leyes españolas con «una mancha de aceite que extiende su cerco».

Y es que la estrategia del PNV de mediar entre la ETA y el gobierno, cual silenciador entre el gatillo y la víctima, se ha topado con un escollo importante: la aplicación de la Ley de Partidos, tras las denuncias de El Foro de Ermua contra Ibarreche, o la sentencia desfavorable a la fiscalía del gobierno en el caso del terrorista de Juana Chaos.

La reacción del PNV, en el gobierno vasco, ha sido digna de su trayectoria ideológica: afirmar su «lealtad al Estado» avisando de que ésta no le obliga a cumplir las leyes españolas.

Aprovechan también para acusar a los demás -en este caso le ha tocado a los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Audencia Nacional- de «no querer acabar con la violencia», la misma acusación lanzada contra el PP a todas horas. Una «violencia» que, en cualquier caso, es resultado de la ideología separatista que el PNV comparte con la ETA.


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