El conflicto en torno a la Ley de Aguas se recrudece

Las movilizaciones contra el proyecto de la nueva Ley de Aguas, de las que ya dábamos cuenta hace unas fechas, ha experimentado un recrudecimiento en la República.

En efecto, en el día de ayer, coincidiendo con el segundo debate que se mantenía en la Asamblea Nacional, se celebraron nuevas concentraciones en la capital, organizadas por varias organizaciones sociales e indígenas de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Cayambe. Destacadas personalidades vinculadas a estos grupos, encabezaban la protesta.

Ante el despliegue indigenista, el Gobierno levantó un cerco policial en distintas partes del país, con el objetivo de mantener el orden, pero sobre todo, en las puertas de la Asamblea, donde llegaron a emplear gases lacrimógenos. En otros puntos de la ciudad, tales como el parque El Arbolito, ubicado al centro norte de Quito, se juntaron más de 1.500 indígenas quienes, en un perfecto español gritaban: “Audiencia, audiencia, se acaba la paciencia”, mientras se dirigían al Parlamento para evitar que los asambleístas salieran.

En ese momento, en el interior del edificio aúlico, se debatía el informe de la Ley de Aguas, con un fuerte desacuerdo en torno a asuntos tales como la autoridad del agua, las autorizaciones para su uso, el establecimiento de tarifas mínimas a embotelladoras o la reversión de las concesiones privadas de agua potable.

Pero si fuera la algazara se mantenía, en el interior, Jaime Abril, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero defendía el informe que “reconoce al agua como un derecho y no como una mercancía”, derecho basado en el hecho de que “nadie puede adueñarse de este recurso”, indicó Abril, por lo que las empresas: “deberán obtener la autorización del Estado” y así establecer la cantidad vital autorizada y una tarifa mínima.

Sentadas estas bases, el asunto de mayor discordia fue el de la autoridad única del agua. Tema para cuya discusión, según el informe, debe formarse un grupo compuesto por un Consejo Intercultural y Pluricultural (50% con representación civil y 50% nombrado por el Estado), un secretario (nombrado por el Ejecutivo) y una agencia de regulación y control.

Mientras tanto, fuera, Jorge Guamán, coordinador Nacional del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), indicó que los indígenas permanecerán en los exteriores de la Asamblea Nacional vigilando las resoluciones que tomen los asambleístas.

El conflicto acuático, es un nuevo reflejo de la nación ecuatoriana. Por un lado, parece evidente que el consumo humano debe ser garantizado, así como la posibilidad de su uso por parte del campesinado, indudable motor basal de Ecuador. Estos objetivos, sin embargo, chocan con el de las grandes empresas privadas encargadas de la gestión del agua potable, tales como Interagua-Guayaquil.

Dicho esto, la solución se antoja complicada, por cuanto la propuesta de elección de un Secretario Nacional del Agua, tal y como propugna el Ejecutivo encabezado por Correa, choca frontalmente con un Ecuador que día a día se aproxima más a una confederación de naciones étnicas que a un estado soberano que pueda regular de forma uniforme y homogénea un bien en absoluto troceable en función de las cada vez más frecuentes emanaciones del Mito de la Cultura que en la República de Ecuador se producen.

Extraña combinación de fraseología (pseudo)revolucionaria con imágenes infantiles, indigenismo de por medio