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ETA asesina a otro español

Eduardo Antonio Puelles García, inspector de la brigada de información de la Policía Nacional responsable del grupo de seguimiento a terroristas

Sábado 20 de junio de 2009, por ER. Madrid

Desde El Revolucionario, no podemos sino lamentar este vil asesinato, si bien, y para no recaer en los consabidos tópicos que hoy pululan por la prensa pequeñoburguesa, nos permitiremos ahondar en este suceso, en absoluto aislado

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En el día de ayer, ETA asesinaba, mediante el empleo de una bomba lapa adosado al depósito de combustible de su vehículo a Eduardo Antonio Puelles García, inspector de la brigada de información de la Policía Nacional responsable del grupo de seguimiento a terroristas. Natural de Baracaldo (Vizcaya), Puelles contaba con 49 años de edad, estaba casado y tenía dos hijos.

Desde El Revolucionario, no podemos sino lamentar este vil asesinato, si bien, y para no recaer en los consabidos tópicos que hoy pululan por la prensa pequeñoburguesa, nos permitiremos ahondar en este suceso, en absoluto aislado.

Lo primero que hemos de subrayar es la condición de español del asesinado, circunstancia que algunos eluden de forma cuidadosa y calculada mente ambigua. Prueba de ello son las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, el socialdemócrata Francisco Pachi López, político cuyos labios están incapacitados para pronunciar la palabra España. Sus apelaciones a Puelles como «uno de los nuestros», su afirmación de que el finado era «un defensor de Euskadi y de los vascos» no puede sino interpretarse como la expresión de un individuo que cifra en la construcción de un Euskadi muy similar al diseñado por los herederos de ese nazi avant la lettre que respondía al nombre de Sabino Arana. Unas Vascongadas –que ese es su verdadero nombre- independientes.

Y si de Vascongadas independientes hablamos, no podemos por menos que referirnos a los representantes de la Ley vieja, el partido ultraderechista y antiespañol PNV. Representantes de las oligarquías vascas secularmente privilegiadas por España, los jeltzales no sólo han colaborado mediante uno y mil subterfugios legales con ETA, escisión por cierto, de este partido, sino que recientemente se ha descubierto, sin que los jueces al servicio del socialfascismo gobernante hayan movido un dedo, que «su» policía habría estado recibiendo órdenes en el sentido de no detener a etarras.

Esta circunstancia nos lleva a referirnos al actual Gobierno de España, que así se anuncia en su omnipresente propaganda. El Gobierno presidido por el krausista vallisoletano de nación, leonés de crianza, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha distinguido por mimar literalmente a etarras tales como José Ignacio de Juan Chaos, así como por entablar unas negociaciones con la banda, en las cuales es evidente que se puso en juego la misma soberanía nacional, amenazada por los brazos políticos etarras que el PSOE, contumaz, ha permitido sentarse en las instituciones españolas para, desde ellas, y con financiación pública, tratar de socavar a esta misma nación. El último episodio se vivió en las últimas elecciones europeas, cuando la lista Iniciativa Internacionalista pudo presentarse con el beneplácito de ZP y sus aliados, entre los que se distingue la ERC del traidor Pérez Carod, quien, en pago a sus buenos servicios a la banda terrorista, consiguió una tregua para Cataluña sin que por tan sediciosa conducta, haya pisado las prisiones españolas, o haya probado los métodos revolucionarios que sin duda cabe aplicar a un individuo de esta calaña.

Nada puede sorprender este atentado a quien conozca la realidad política española, cuyos profesionales hablan siempre «desde la unidad de los demócratas», «condenando las acciones de los violentos». Semejantes majaderías deben ser denunciadas desde medios independientes como El Revolucionario. El asesinato de Puelles no es más que el resultado de un corrupto modelo político que alimenta a los verdugos y a su vasto «entorno». Un sistema autonómico que niega la realidad de la Nación, que fragmenta la educación para educar en el odio a España, que ha erradicado de amplias áreas de su territorio la lengua común, el español, una sociedad que ha asumido que «todas las opiniones y opciones son defendibles en ausencia de violencia», debe acostumbrarse a pagar su dosis de explosivos y sangre, que contribuyen a la perpetuación de la tiranía a la que los españoles van acostumbrándose con docilidad.


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