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La organización indigenista Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi defiende estas prácticas ancestrales y bárbaras

Para gozo del MICC y escándalo de panfilistas alicianos, la justicia indígena repunta en Ecuador

La aplicación de normas del derecho consuetudinario, basado en los sistemas jurídicos propios de cada pueblo o comunidad persiste en la nación

Lunes 13 de abril de 2009, por ER. Quito


El reciente ‘ajusticiamiento’ del ciudadano ecuatoriano Fausto Medina, que fue arrastrado y quemado vivo en la comunidad de Canchagua Chico, del cantón Saquisilí, en la provincia de Cotopaxi, es uno más de los habituales episodios de aplicación de la llamada justicia indígena en la República de Ecuador.

Amparada por la actual Constitución, que en su artículo 171 reza lo que sigue:

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

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Esta justicia indígena, aplicable tan sólo a personas integrantes de las etnias de referencia, viene a ser una especie de alternativa consuetudinaria a la que rige en el Ecuador. Hecha la pertinente presentación de los hechos, desde El Revolucionario no podemos por menos que someter a crítica este asunto que une, bien que de forma enfrentada, a los defensores de la barbarie etnicista conocida como indigenismo, y a sus opuestos, los alicianos hombres que, despojados al menos en el plano intencional de todo atributo identificable con la nación política, creen vivir en un mundo sustentado por una suerte de corte celestial en la Tierra regida por los llamados Derechos Humanos.

El primero de los casos, el de los defensores de estas “señas de identidad” cristalizadas en juicios sin garantía alguna que se siguen de crueles procesos en los que cabe el azotamiento, la tortura o esperpénticos rituales “purificadores”, muestra hasta qué punto el mito de la cultura se ha infiltrado en estas organizaciones indigenistas en cuyo despliegue se recorta inequívocamente la destrucción de la nación ecuatoriana que de forma ingenua y afectada por el mismo mal que los grupos aludidos, hizo semejante concesión dentro de su Carta Magna.

En el otro extremo, pero también en contra de la Nación, que en este caso se difuminaría en un viscoso mundo armónico regido por leyes universales, se hallan los panfilistas que tienen a la Declaración de los Derechos Humanos como una especie de sucedáneo de las tablas de Moisés.

Desde nuestra corresponsalía, no podemos dejar pasar la oportunidad de criticar ambas posturas, reivindicando para ello una vez más la herencia del Imperio Español, que en aras de una sociedad más justa, trituró en la medida de lo posible, con las armas y las letras, estas prácticas en un proceso al que contribuyó decisivamente la iglesia católica al calificar como herejías lo que hoy podemos llamar prácticas bárbaras que no hacen sino denigrar a los propios ecuatorianos que se precien de ser verdaderos ciudadanos. En este sentido, la defensa que muchos hacen de la “justicia” indígena no es sino un modo de tratar de mantener a los colectivos afectados en un humillante e intolerable estado, situación que repugna a aquellos que como nosotros, tanto tenemos en común con el español Francisco de Vitoria, que ya en el siglo XVI sentó las bases del Derecho Internacional.


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