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¿Contradicción interna?

El caso SIDOR

El Partido Socialista Unido de Venezuela parece querer tener la misma relación corporativista con los sindicatos tal como, en su momento, la tuvo Acción Democrática con la CTV

Miércoles 9 de julio de 2008, por ER. Maracaibo

Para algunos, la nacionalización de SIDOR parece, finalmente, plantear la necesidad de desterrar del discurso bolivariano la cuestión de la “autonomía” obrera

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Chávez y SIDOR: ¿hacia la unidad del proletariado nacional venezolano?

Cumplidos ya seis años del estrepitoso estallido en 2002 del sindicalismo tradicional venezolano, articulado en torno a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) -una de las últimas instituciones del régimen político venezolano fundado en 1958 (el último estadio de la llamada IV República) y que durante cuarenta años hizo las delicias del pensamiento liberal en la región- no por otra cosa sino por su participación junto a la corporación patronal en el intento de golpe de Estado de aquel año, parece ser el momento de hacer un esbozo de evaluación crítica de la situación obrera dentro de la Revolución bolivariana.

La ocasión no puede ser más propicia, pues los conflictos obrero-patronales han salido a la luz con notoria agudeza en los últimos meses, en particular a raíz de las movilizaciones del sindicato de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).

Tras el fallido golpe de Estado patronal de 2002 –apoyado, como decimos, por grupos importantes de la CTV- el intento de las agrupaciones obreras de romper con la principal central obrera y fundar una nueva central fracasó. En diciembre de ese mismo año las empresas continuaron con la estrategia de “lockout”, pero algunos sectores obreros -especialmente los vinculados al petróleo y la electricidad- mantuvieron en funcionamiento la producción.

Así, pues, en abril de 2003 fue fundada, finalmente, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Apoyada por una legislación gubernamental que favorecía la “cogestión obrera” de las industrias, ya en 2004 pasó a ser, por su número de afiliados, la principal central obrera nacional; además, su actividad fue eficaz en la primera etapa de la recuperación de las fábricas cerradas.

Dicho esto, sin embargo, los problemas de la organización de los trabajadores venezolanos permanecen muy lejos de haber sido resueltos.

El primer problema puede ilustrarlo la consideración de dos datos: el 47% de la fuerza de trabajo en Venezuela está colocada en la llamada “economía informal”, y, en este sentido, más allá de ciertas organizaciones informales que funcionan como meros grupos de presión ante el Estado, no está sindicalizada; por otra parte, de la fuerza de trabajo que pertenece a la “economía formal”, sólo el 20% está sindicalizada. En este sentido, el nuevo sindicato ni ha organizado a la fuerza de trabajo “informal” ni ha sindicalizado a la “formal”.

En segundo lugar, muy pocas de las fábricas que fueron recuperadas en los primeros meses de la crisis de 2002 han alcanzado los niveles de productividad suficientes para aportar beneficios. Además, las divisiones y luchas intestinas dentro de la UNT no han cesado de multiplicarse –en efecto, pueden enumerarse hasta la fecha unas siete u ocho “corrientes”, muchas de ellas opuestas entre sí por posiciones ideológicas, tácticas o meramente particularistas, diferencias a las que habría que añadir las rivalidades de índole regional.

A esta fragmentación y dispersión de la clase obrera, finalmente, habría que sumarle el ya conocido “economismo” de sus demandas, de modo que los sindicatos venezolanos parecen existir fundamentalmente para pedir aumentos salariales al gobierno y a los patronos (sin siquiera tener en cuenta, como decimos, la situación del 47% de los trabajadores “informales”).

De esta manera, la situación de la clase obrera en Venezuela no sólo sigue siendo la misma que en la IV República y bajo el control de la CTV, sino que, en buena medida -dada la fragmentación del sindicalismo, la “aristocratización” obrera que genera la segmentación de la fuerza de trabajo en trabajadores formales e informales, y el “economismo” de sus reivindicaciones- es francamente peor. El gobierno bolivariano, ciertamente, ha contado con el apoyo de las bases obreras, pero ambos son crónicamente incapaces de producir una estructura obrera orgánica y política que constituya el soporte material de la nueva hegemonía estatal.

El caso de SIDOR es, al respecto, muy ilustrativo.

En 2007 fue designado como Ministro del Trabajo José Ramón Rivero, líder de la corriente más cercana al Presidente de la República, pero sin capacidad alguna de control sobre las otras corrientes dentro de la UNT. El sindicato de SIDOR –empresa estatal vendida en 1997 a un consorcio argentino; en ella las utilidades se repartían desde entonces de la siguiente manera: 60% para la empresa, 20% para el Estado y 20% para los trabajadores- se había estado movilizando contra las condiciones laborales a las que estaban sometidos los trabajadores. Básicamente, el sindicato demandaba un aumento salarial en el marco de un nuevo contrato colectivo, un aumento de las pensiones y la incorporación a nómina de nueve mil trabajadores “tercerizados”.

Después de un año de luchas, el Ministro, junto al gobernador local (oficialista), quiso imponer un referendo salarial basándose en la última propuesta de la empresa. En todo momento, los obreros fueron excluidos de las negociaciones. Ante la oposición de éstos, el gobierno decidió lanzar los aparatos de seguridad del Estado contra los movilizados y reprimir. La situación pronto se salió de control y finalmente el Ministro fue sustituido en su cargo por Roberto Hernández –sindicalista y antiguo miembro del Partido Comunista de Venezuela- quien llamó a la realización de una “nueva constituyente” obrera para refundar la central sindical.

El 9 de abril del año en curso, el gobierno decidió intervenir mediante la nacionalización de la empresa. No se ha planteado -como el sindicato de SIDOR exigía- llevar a cabo una investigación sobre los posibles delitos cometidos por los patronos durante su gestión. Dicha investigación, de arrojar resultados perjudiciales para la empresa, sería un argumento inobjetable y jurídicamente fundado para expropiar sin ninguna indemnización a los propietarios.

Por el contrario, la nacionalización fue el resultado del intento fallido de arbitraje gubernamental y una respuesta improvisada ante una situación de total desbordamiento. No responde, en modo alguno, a un programa económico-político consistente, revolucionario. De hecho, el gobierno había aceptado acríticamente el comportamiento de la empresa durante los ocho años de su gobierno. En verdad, la medida sólo posterga la solución, no define quién pagará los gastos –si obreros o capitalistas- y no parece estar acompañada de un plan que asegure tanto la estructuración política de la clase obrera como la recuperación de la productividad industrial.

Para algunos, la nacionalización de SIDOR parece, finalmente, plantear la necesidad de desterrar del discurso bolivariano la cuestión de la “autonomía” obrera; parecen pensar que los sindicatos deben convertirse en apéndices “corporativistas” del Partido Socialista Unido de Venezuela –del mismo modo, por cierto, en que la CTV fue un apéndice de Acción Democrática, el partido hegemónico en la IV República. Pero ¿acaso este partido tiene, organizativa e ideológicamente, la consistencia suficiente para resolver el problema de la unidad del proletariado nacional? ¿y acaso no ha mostrado este partido ser –con su tardía fundación, su lacayuna dependencia al caudillo, su indefinido “socialismo del siglo XXI”, y su primera derrota en su primera participación electoral en 2007, por hacer una enumeración sucinta- la primera prueba del carácter inorgánico de la Revolución bolivariana?


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