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Dialéctica de clases y dialéctica de Estados

Venezuela vs. Cemex, ¿Venezuela vs. México?

Venezuela avanza en una genuina "guerra de posición" nacionalista y revolucionaria

Jueves 17 de abril de 2008, por ER. Maracaibo

El objetivo general de la nacionalización de las cementeras es continuar la apropiación parcial (que algunos miembros del gobierno llaman “socialización”) de ciertos capitales que están incrustados en sectores estratégicos de la producción económica nacional

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El motor de la historia es la dialéctica de Estados, y sólo a través de ella es que se da la dialéctica de clases

En fecha reciente, el gobierno venezolano ha iniciado negociaciones bilaterales con las empresas cementeras extranjeras radicadas en Venezuela con el objeto de llegar a un acuerdo en los términos de la nacionalización del sector.

De esta manera, prosigue el vertiginoso proceso de nacionalización –una real “guerra de posición”- de sectores económicos considerados estratégicos para la materialización de la unidad “nacional-popular” bolivariana. En efecto, el gobierno ha nacionalizado, desde el año pasado, cuatro procesadoras de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, la empresa telefónica CANTV (la principal empresa de telecomunicaciones del país) y dos firmas de electricidad en poder de grupos extranjeros.

El objetivo general de la nacionalización de las cementeras es continuar la apropiación parcial (que algunos miembros del gobierno llaman “socialización”) de ciertos capitales que están incrustados en sectores estratégicos de la producción económica nacional. En cuanto a la política interna del Estado, la nacionalización pretende potenciar vínculos tanto con las organizaciones de trabajadores como con los pequeños y medianos empresarios nacionales.

La producción de cemento y concreto es, ciertamente, medular dentro de la política económica de Venezuela, en la medida en que el sector de la construcción es uno de los sectores productivos que está siendo impulsado con mayor fuerza por el gobierno venezolano. De hecho, es una de las principales maquinarias actuales para la producción de empleo. En este sentido, la nacionalización está estrechamente vinculada con la voluntad de desarrollo de la capacidad productiva de la industria de la construcción y tiene por objetivo prioritario continuar aumentando el número de trabajadores en el área.

Por otra parte, como ha declarado públicamente el presidente de la Federación de Micros, Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos de Venezuela (Fedeindustria), Miguel Pérez Abad, el principal grupo privado que resultará beneficiado de la nacionalización de las cementeras es el grupo de la Pequeña y Mediana Industria (habitualmente golpeado -cuando no directamente digerido- por las grandes empresas), pues la nacionalización de este sector facilita la adquisición de insumos y materia prima.

Al igual que en el esquema de renegociación que ha implantado Venezuela con el sector energético, no está planteado, por supuesto, un proceso de expropiación definitiva (ni mucho menos aún una “socialización”), sino el establecimiento de un esquema de control político de la producción económica y un reparto de los beneficios (similar al de la “participación mixta” en la Faja Petrolífera del Orinoco) en el que el Estado sea el principal beneficiario. El modelo proyectado incluye una participación de 60% del Estado y 40% del capital privado.

La principal reacción ante el anuncio de nacionalización de las cementeras, ha sido la puesta en cuestión de tal medida por el actual gobierno de México. Las cementeras son, ciertamente, un sector estratégico para el proyecto “nacional-popular” bolivariano. Que Cemex (la principal cementera mexicana, y que controla el 50% del mercado venezolano) esté, junto a Holcim y Lafarge, implicada, no es, como pretende el gobierno mexicano, un atentado contra los intereses nacionales mexicanos, sino una reafirmación del carácter “popular” que permanece inextricablemente unido al proyecto “nacional” venezolano. Aunque el gobierno mexicano se haya pronunciado contra la nacionalización, es manifiesto que su interés no es en modo alguno “nacional-popular”: el proyecto de privatización de Pemex, tramado por el gobierno de Felipe Calderón, en efecto, muestra inequívocamente el carácter anti-nacional de aquel gobierno, y en verdad está en perfecta lógica con su posición de defensa de la cementera mexicana.

Los recientes acercamientos de Venezuela con Petrobras (Brasil) y YPFB (Bolivia), por nombrar sólo el caso de la industria energética, muestran el tipo de bloque económico-regional que pretende constituir el gobierno de Hugo Chávez, y a tal plataforma pertenecería sin duda México (y no, por cierto, en una posición secundaria) si la relación de las fuerzas existentes en aquel país fuera revertida en los próximos años.


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