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Polémico acuerdo de Bolivia con Venezuela

Comercio y tráfico de hoja de coca

Entorno al negocio y especulación con la industria productora de hoja de coca

Jueves 1ro de febrero de 2007, por ER. Cochabamba

El presidente Evo Morales ha llegado a un acuerdo con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, para la exportación de hoja de coca boliviana destinada, en apariencia, a usos medicinales y otras aplicaciones inocuas

«A perro flaco todo le son pulgas». Eso parece sucederle hoy a un país que, bajo el intento de su gobierno por reformarlo desde su «plataforma», no deja de verse asaltado por problemas de toda índole. Desde el polvorín de Cochabamba, pasando por los núcleos duros de la oposición de Tarija o Beni, hasta las recientes revueltas (a causa de la Ley de Hidrocarburos) en Camiri, «capital petrolífera boliviana» en Santa Cruz, todo parece ser un compendio de dificultades y sinsabores.

Y por cada propósito de construir un proyecto fiable surgen treinta nuevos obstáculos. Si no es el señor Manfred Reyes, quien, como un niño al que le han quitado la piruleta (la prefectura de Cochabamba), busca ayuda en el «grande», yendo de gira por EEUU mientras acusa a Evo Morales de «absolutista», es el absurdo Comandante Loro, quien representando a la llamada «ultraizquierda», llega a desafiar al propio presidente bajo las intenciones nada democráticas de un «gobierno revolucionario» con todo el olor de una posible guerra civil.

Se planifica la nacionalización de nuevas empresas, petrolíferas, tanto mixtas como privadas, pero aquí o allá explotan nuevos conflictos, discordias o polémicas. Esto es lo que ha pasado ahora con el acuerdo al que han llegado el presidente de la Nación, el señor Morales, y su «homólogo» de Venezuela, el señor Hugo Chávez, entorno al comercio de hoja de coca del país andino. Las turbulencias de esta nueva polémica son el resultado de la aplicación «total» que tiene este producto, una vez distribuido.

La industria que flota entorno a la hoja de coca, tradicionalmente considerada como un «producto cultural», y en apariencia destinada exclusivamente a su consumo en forma de infusiones, harinas, mates, medicamentos, míticos e irracionales cultos aymara, etc, ha generado buenos beneficios para su industria productora. Fuentes de la oposición (grandes hipócritas terratenientes, dueños de extensiones de cultivo que temen «como a una vara verde» una futura reforma agraria) y focos «adversos» a la gestión del gobierno de Morales critican el fondo de este acuerdo bilateral. Pero Julio Montes, el propio embajador de Venezuela en Bolivia, ha declarado en este sentido que la distribución de los productos derivados de la hoja de coca se realizará conforme a los «mecanismos distribuidores» de su país.

La duda que se nos plantea, ante todo, es si esta ingente producción y comercialización (sin cortapisas) no vulnera la Convención de Viena, al considerar dicha sustancia como algo «controlado». Hoy en día se estima que existen entre 27.000 y 30.000 hectáreas cultivadas de coca en Bolivia. Ahora bien, ¿se destina el 100% de la producción a usos lícitos, es decir, para esos «medicamentos», infusiones, etc., permitidos por las leyes bolivianas?

Tomando la demanda planteada de Venezuela no es difícil pensar que haya «desviaciones» no tan encomiables para las leyes establecidas del país andino. En este panorama aparece un compromiso para que Venezuela «absorba» íntegramente dicha producción de coca en sus distintas y diversas «génesis» industriales. Por supuesto, las críticas del Imperio realmente existente, EEUU, no se han hecho esperar, acusando a Bolivia de producir más coca para que así recaiga en el narcotráfico, lo que ha motivado que el embajador de Venezuela en Bolivia acuse al Tío Sam de «doble moral» (algo en lo que, por otra parte, es un maestro de ceremonias extraordinario), pues en el País de la Libertad hay 40 millones de consumidores. No obstante, no es de consumidores de lo que se está hablando sino de productores (el eterno problema de que si se consume cocaína es porque se produce), y de un mecanismo de distribución oportuno que arrastre consigo actividades y núcleos ilícitos que pongan bajo amenaza la estabilidad de un país, como sucede con el narcotráfico.

Aun con las necesarias reservas que podamos albergar respecto al «buen» o «mal» uso que pueda darse a la hoja de coca, hoy se nos plantean dos puntos primordiales:

1) ¿Es el hecho de ser calificada como un «producto cultural» una razón suficiente para la producción de miles de hectáreas donde el consumo interno no llega a asimilar su producción completa? En absoluto. Se pueden esgrimir razones de toda clase, entre ellas económicas (el beneficio que resulta del acuerdo comercial con Venezuela, los puestos de trabajo, la supervivencia, etc) pero el hecho de que sea algo «cultural» no avala en principio los argumentos de sus defensores acérrimos, pues también son «cultura» los Cárteres de droga en Colombia y ninguna institución estatal puede (o debe) justificar el magnífico negocio que generan sus actividades de distribución y consumo.

Cuando se defiende a una panda de analfabetos con ponchos rojos que portan fusiles Mauser argumentando que las ceremonias son «reafirmaciones culturales», o cuando se arguye que la hoja de coca es «cultura» boliviana no se está otorgando ningún crédito de validez política real o económica al objeto de dichas defensas. Una mesa, los ponchos rojos, o la computadora de las oficinas estatales son producto de una cultura concreta, y no tiene sentido «por sí solo» defender la producción de algo, o la celebración de actos (aun cuando puedan poner en peligro la estabilidad social de Bolivia, como fue el caso de la manifestación de los «ponchos rojos») por el hecho de que sean cultura, cultura humana por ende, cuando cultura es «todo» dentro de los productos de la civilización.

2) ¿Puede esta ingente producción «ramificarse», «desviarse» por cuanto que 30.000 hectáreas cultivadas por campesinos dedicados a su producción continua generan anualmente grandes «superávits»? Y en tal caso, ¿a dónde se dirige este superávit, a la elaboración de tés caseros, aun cuando Venezuela vaya «absorbiendo» poco a poco la producción de Bolivia?

No sería el primer caso de un gobierno que, sobre el apoyo testimonial de los «hechos culturales» permite la extensión de cultivos de un producto cuyas «desviaciones» aplicadas ya conocemos perfectamente. El cósmico negocio de la cocaína, que flota por Hispanoamérica como un mal endémico (principalmente en Colombia), genera beneficios totales superiores al PIB de un Estado mediano como España. El narcotráfico arrastra crimen organizado y negocios turbulentos que mueven a personas por países como mercenarios, y asienta sus bases sobre la especulación inmobiliaria y otros negocios de blanqueo de capitales, pero sobre todo insemina en el Estado el germen de la corrupción en todos sus estratos, contrario a la planificación eutáxica del plan reformista nacional de Bolivia.

Por supuesto, aquí entran directamente problemas y asuntos de índole legislativa, no solo ejecutiva, como sería la hipotética «legalización» del consumo de droga, ya tan tratada en otros países. A este respecto, el gobierno de Morales prevé tener controladas, en un plazo de cuatro años, las zonas cultivadas entorno a las 20.000 Hectáreas, siempre bajo el propósito de «inspeccionar» la producción de hoja de coca, y reducir el narcotráfico, resultado de la obtención química derivada de dicho producto, constituyendo entonces la cocaína. La lucha de Morales contra el narcotráfico se basará así en un estudio de las producciones y el uso legal que se les otorgue.

La industria de este producto se mueve así en una hoja (valga la redundancia) de doble filo, por cuanto que sustenta en buena parte la economía de un país pobre, pero a la vez atrae la demanda de grupos poderosos que, sobre un flujo de actividades criminales (extorsión, secuestro, asesinatos, corruptelas, etc) no la demandan precisamente para hacerse infusiones o tés de andar por casa. El gobierno se defiende en este punto asegurando que la producción total de hoja de coca que se usa finalmente para la «génesis» de cocaína ronda entorno al 8,4% del total, cifra pequeña respecto al monto completo. ¿«Realidad cultural, negocio de supervivencia en un sector atrasado, o puerta para el narcotráfico y las redes de captación de tan preciada «materia bruta»?

Compleja tarea la que la espera al gobierno, en un país donde el narcotráfico tiene ciertos «vínculos» por medio de algunos pasos fronterizos «vacíos», sobre todo con Perú. Un Estado como Bolivia, sumido en una eterna tempestad de turbulencias políticas y sociales, y bajo la luz del faro del proyecto reformista, no puede permitir que en su territorio se «asienten» los grupos de delincuencia que arrastra la producción y consumo de productos derivados de la hoja de coca, tales como la cocaína.

El problema es que, aun con todos los problemas adyacentes que lleva consigo la producción de hoja de coca a gran escala, miles de campesinos viven hoy gracias a ella, a falta de una reforma agraria oportuna, donde se controlen los campos de cultivo, y la agricultura invierta en capital físico en forma de maquinarias para desarrollarla. Bolivia, que vive en el atraso económico respecto a otros mercados, ha usado y usa este medio de producción por razones fundamentalmente económicas, y no «culturales». Para quienes defienden esta última tesis, está una bebida «refrescante» que, como parodia encubierta de otro refresco un poco más famoso en el mercado pletórico, se la conoce como la «Cola-Coca».

Asi pues, El Revolucionario se plantea una pregunta final: ¿se están «engrandeciendo» las casi «mágicas» propiedades de la hoja de coca (relajante, buena para la salud, etc.), se canaliza un mercado a una demanda que (tal y como diría Say) « ha sido creada por su propia oferta», o bien se trata de buscar desesperadamente una salida a una necesidad «institucionalizada» bajo el aura de la «cultura» y que no es sino el reflejo del atraso agrario boliviano?


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