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Manuel Fraga lo propuso

Ponderar en su justa medida a los facciosos

Y la chusma política española lo repudió

Lunes 15 de diciembre de 2008, por Grupo Promacos

Las recientes manifestaciones de Don Manuel Fraga Iribarne, presidente de honor del Partido Popular, declarando la conveniencia de «colgar a los nacionalistas periféricos de algún sitio» a fin de mejor así «ponderar» su verdadero «peso político» han servido de excusa a representantes de las más variadas fuerzas políticas ( miembros de los diversos partidos secesionistas sin duda, pero también a algunos distinguidos representantes del Partido Socialista como puedan serlo Pepiño Blanco o Maria Teresa Fernández de la Vega) para «exigir» al Partido Popular la automática dimisión de Fraga y su retiro respecto de toda función política activa

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Manuel Fraga Iribarne
En su senectud, se arrepiente de los errores «por consenso» y políticamente correctos que cometió en la Transición

Muchas veces además, tales «exigencias» han venido expresándose curiosamente (cosa que, por cierto, se compadece muy bien con ideologías como la que sopla detrás de la ley de Memoria Histórica) bajo la coartada de que Fraga, en su condición, al parecer obscena, de antiguo ministro franquista, estaría representando una suerte de reliquia de un «pasado totalitario» del que España haría bien en olvidarse cuanto antes, como si de una pars pudenda de su historia se tratase, tras la puesta en marcha de la democracia coronada de 1978 (con lo que, curiosamente, la memoria histórica ejercitada por el socialfascismo parecería identificarse, en el límite, con una metafísica e imposible damnatio memoriae).

En estas condiciones, la Vicepresidente Primera del Gobierno, Doña Maria Teresa Fernández de la Vega habría podido exigir a Manuel Fraga (y por extensión al Partido Popular) el «respeto» debido a representantes de la ciudadanía como puedan serlo los diputados y senadores del PNV, de ERC o de CiU.

Sin embargo, lo que tales exigencias de Doña Maria Teresa estarían tendiendo a ocultar, a nuestro juicio, es ante todo la circunstancia de que tales diputados o senadores, sin perjuicio de que por supuesto «representen» a la «ciudadanía» de la Nación española (es decir, la soberanía nacional española) han venido dedicándose, durante las últimas décadas, a sacar adelante programas políticos orientados, justamente, a la destrucción secesionista de tal soberanía nacional que, sin embargo y paradójicamente, ellos se supone que estarían representando. De otro modo; lo que las «exigencias de respeto» democrático formuladas con toda solemnidad por la Vicepresidente propenderían a dejar en la penumbra en su huero formalismo es que sólo de un modo tan abstracto como equívoco, cabe confundir, bajo la rúbrica genérica de «representantes» de la «ciudadanía», a los partidos políticos, senadores o diputados en cortes «alineados» o «nacionales» (sean del PP, sean del PSOE, sean de IU) con los partidos, diputados o senadores «extravagantes» respecto de la nación política española, puesto que estos últimos, aun cuando por ficción legal sean considerados a todos los efectos como representantes legítimos de la soberanía nacional (por ejemplo como diputados del Congreso o de los variados parlamentos autonómicos, etc), de hecho,sólo operan como tales para desguazar dicha soberanía indivisa, esto es, para aniquilarla en muchas de las partes formales del territorio nacional mediante expedientes tales como puedan serlo, por ejemplo, la puesta en marcha de consultas soberanistas como la promovida por Ibarreche, o de reformas estatutarias que incluyen la consideración de Cataluña o de Andalucía como naciones políticas, o, simplemente, mediante la persecución de la lengua nacional en muchas partes de España, mediante el sistemático incumplimiento de la ley de banderas en muchas instituciones públicas de Cataluña o del País Vasco, &c.

De hecho desde el Grupo Promacos estimamos que tales operaciones políticas (por no citar muchos otros ejemplos que podrían mencionarse aquí) constituyen, evidentemente, no sólo amenazas formales y públicas dirigidas a la unidad e identidad de España como Nación política sino, directamente, delitos de sedición respecto del orden constitucional establecido en 1978 , esto es, delitos de alta traición que, en efecto, en muchos códigos penales aparecen como sancionados con la ejecución capital con lo que, desde luego, las palabras de don Manuel Fraga, incluso interepretadas literalmente, &c, no podrían a nuestro juicio considerarse como una mera extravagancia. Simplemente ocurrirá que una Nación política que renuncia por principio, por ejemplo en el nombre del pluralismo, a «colgar de algún sitio» a aquellos ciudadanos que procuran activamente destruir su soberanía, estará sencillamente contribuyendo a poner de manifiesto que los expoliadores tienen efectivamente la razón al sostener, por la vía de los hechos, que «España no existe». Y ello por mucho que, sobre el papel ( por ejemplo el papel constitucional), España ( y no, por ejemplo, el País Vasco, o Galicia, o Cataluña o Asturias, &c.) sea «la patria común e indivisible de todos los españoles»

Sin embargo, y sin perjuicio de considerar, en este sentido, enteramente adecuadas las manifestaciones de don Manuel Fraga, hemos de advertir asimismo que el propio Presidente de Honor del Partido Popular haría desde luego muy bien en meditar si tales amenazas contra la Nación no representan, justamente, el resultado final, en el presente, de algunos de los gérmenes más nítidamente federalistas o incluso confederalistas larvados en la misma «obra maestra» que Fraga —acompañado por otros sujetos parecidos tales como Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros, Jorge Sole Tura, &c.— tuvo ocasión de perpetrar hace ahora treinta años, una «obra maestra», fruto granado del «consenso» entre españoles tras la «larga noche del franquismo», que habría generado, desde nuestra perspectiva, muchos de los polvos de los que provienen estos lodos.

En resumidas cuentas, lo que nos parece que habría que recordarle perentoriamente a don Manuel es algo en lo que ya habría reparado Espinosa en su Ética demostrada según el orden geométrico: «que el arrepentimiento no es virtud».


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